Activistas de Amnistía Internacional (AI) presentaron este viernes al gobierno de Chile una agenda de derechos humanos bajo la premisa de "no se queden en el papel".
"Que los derechos humanos no se queden en el papel", se leía en una pancarta amarilla que portaba una veintena de miembros de AI que llegaron hasta el palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo, para entregar la agenda.
"Durante la campaña presidencial, a todos los candidatos y candidatas les entregamos las preocupaciones que teníamos", dijo a Efe Roberto Morales, presidente de la sección chilena de AI antes de hacer entrega de la agenda.
El fin de la impunidad, con la adopción de medidas que aseguren justicia y reparación de todas las violaciones de derechos humanos sucedidas en Chile tanto en dictadura como en democracia, es uno de los puntos que preocupan a la organización, dijo Morales.
"Es un tema importante en Chile, por la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura. Eso significa para nosotros derogar la ley de amnistía y adecuar las leyes chilenas a los estándares internacionales", continuó.
A pesar de que Bachelet expresó su disposición a desenterrar los crímenes de la dictadura en su programa de Gobierno "no es tan claro el punto de la derogación de la ley de amnistía" a ojos de Morales.
La citada ley fue impuesta por el general Augusto Pinochet con el objetivo, según los organismos humanitarios, de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su régimen (1973-1990).
También la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto y la no discriminación son temas en los que, según Amnistía Internacional, no siempre se avanza.
"Sabemos que a veces los programas en ese sentido difícilmente se implementan y por eso queremos llamar a la presidenta y a los ministros a concretarlos", señaló Roberto Morales.
En cuanto a las declaraciones del Intendente (gobernador) de la sureña región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien se quejó de la lentitud con la que el gobierno afronta una huelga de hambre que varios presos mapuches mantienen en la cárcel de la ciudad de Angol, tres de ellos desde el 7 de abril, Morales las consideró "una señal política muy fuerte".
Desde hace 39 días, Juan Licán Melinao, Luis Marileo Cariqueo y Leonardo Quijón Pereira están en ayuno, ingiriendo sólo líquidos, en demanda de una revisión de sus condenas y de un indulto humanitario para José Llanca, quien padece una enfermedad hepática terminal según sus familiares y allegados.
Roberto Morales se mostró preocupado por la cuestión indígena: "Entendemos que hay un convenio ratificado, que es el convenio 169 (de la OIT), que es de amplia cobertura en el mundo indígena".
Convencidos de que los pueblos indígenas deben tener mecanismos para "efectivamente expresar su opinión frente a decisiones de carácter legislativo sobre su territorio", el dirigente recordó que "en el gobierno pasado (de Sebastián Piñera), "paradójicamente estableció un reglamento para la consulta sin consultarle a los pueblos".
EFE
