A través de Internet decenas de peruanas ofrecen su vientre en alquiler a cambio de un pago que va desde S/.40 mil hasta S/.70 mil, según alerta un informe periodístico divulgado en un diario local.
Además de ese cobro, la pareja contratante debe correr con todos los gastos de la ‘madre subrogada’ durante su gestación (exámenes, ecografías, vitaminas, parto, etc.) y pagarle una pensión durante el embarazo, que usualmente bordea los S/.1.200 al mes.
Según refiere El Comercio, la Ley General de Salud establece que toda persona tiene derecho a recurrir a un tratamiento de fertilidad siempre que una tercera persona no participe en la fecundación (donando su óvulo, por ejemplo). Sin embargo, el Código Penal no sanciona este tipo de prácticas.
Especialistas consultados por el rotativo advirtieron que estos vacíos legales permiten un negocio que puede alentar el tráfico de menores, la falsificación de documentos, la estafa o las extorsiones.
El informe periodístico también da cuenta sobre mafias dedicadas a reclutar a vientres de alquiler, contactar con clínicas y a los médicos que vigilarán la gestación. Además, dice, estas organizaciones hacen las gestiones para falsificar los documentos de los recién nacidos, a fin de que parejas extranjeras puedan sacarlos del país sin inconveniente.
“Algunas clínicas cometen irregularidades en la inscripción de los bebés”, denunció Julio Dueñas, del Centro de Fertilidad Procrear, al dar cuenta de cómo se adultera el registro del bebé a nombre de la madre contratante en lugar de la que llevó adelante la gestación.
Además de ese cobro, la pareja contratante debe correr con todos los gastos de la ‘madre subrogada’ durante su gestación (exámenes, ecografías, vitaminas, parto, etc.) y pagarle una pensión durante el embarazo, que usualmente bordea los S/.1.200 al mes.
Según refiere El Comercio, la Ley General de Salud establece que toda persona tiene derecho a recurrir a un tratamiento de fertilidad siempre que una tercera persona no participe en la fecundación (donando su óvulo, por ejemplo). Sin embargo, el Código Penal no sanciona este tipo de prácticas.
Especialistas consultados por el rotativo advirtieron que estos vacíos legales permiten un negocio que puede alentar el tráfico de menores, la falsificación de documentos, la estafa o las extorsiones.
El informe periodístico también da cuenta sobre mafias dedicadas a reclutar a vientres de alquiler, contactar con clínicas y a los médicos que vigilarán la gestación. Además, dice, estas organizaciones hacen las gestiones para falsificar los documentos de los recién nacidos, a fin de que parejas extranjeras puedan sacarlos del país sin inconveniente.
“Algunas clínicas cometen irregularidades en la inscripción de los bebés”, denunció Julio Dueñas, del Centro de Fertilidad Procrear, al dar cuenta de cómo se adultera el registro del bebé a nombre de la madre contratante en lugar de la que llevó adelante la gestación.
agenciA
