La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, informó que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la anulación de la resolución 008610 que autoriza el uso de armas en el control de las protestas y manifestaciones públicas.
“Anunciamos que el próximo lunes iremos al Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de solicitar la nulidad absoluta de esta resolución por inconstitucional”, dijo este jueves en rueda de prensa.
Solórzano señaló que la resolución debe ser “inaplicable de inmediato, sin importar que el recurso no se lleve a cabo hasta el día lunes”. Argumentó que aunque fue publicada en Gaceta Oficial “eso no la hace vigente”.
La resolución 008610 del Ministerio de la Defensa fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015, y establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye en su artículo 22, el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes”, según explicó Solórzano.
Afirmó que estas normas menoscaban las garantías presentes en el artículo 68 de la Constitución, el cual establece lo siguiente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
La coordinadora de Derechos Humanos de la MUD hizo además un llamado al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a quién pidió “no convertirse en alcahueta de las inconstitucionalidades del régimen”.
El diputado a la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez, también fijó posición sobre la Resolución 008610 y la calificó de “ilegal e inconstitucional”.Delsa Solórzano anunció que presentarán la resolución ante entes internacionales: “Luego de ir al Tribunal Supremo de Justicia acudiremos también a todas las instancias internacionales correspondientes(..), incluyendo la OEA (Organización de Estados Americanos) y las Naciones Unidas, además de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional”.
En nota de prensa, Sánchez consideró que “la Constitución nacional es clara y taxativa en su articulo 68 prohibiendo no solo el uso de armas de fuego, sino también el uso de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones públicas, y además le asigna la competencia en cuanto al control del orden público a los cuerpos policiales y de seguridad ciudadana. El rol de la Fanb en todo caso está enmarcado en la cooperación y coordinación cuando los demás organismos se ven superados”, explicó.
Por su parte, el diputado Leomagno Flores dijo a través de un comunicado que la resolución “viola también los estándares internacionales que prohíben la participación de efectivos militares para controlar el orden público”.
Recordó que la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos estableció que el control de las protestas y manifestaciones públicas debe recaer “en las fuerzas policiales civiles debidamente entrenadas para este tipo de situaciones”.
