A España le ha tocado el gordo en la lotería del petróleo: unos 15.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB, que el país se ahorrará al año si el precio del crudo se mantiene en los actuales parámetros. En el país de la ruina estructural energética, este es un raro golpe de fortuna para celebrar por partida doble; la caída del barril de brent —de referencia en Europa— arrastra al gas. “Supondrá un gran alivio para nuestra desequilibrada balanza comercial que debe buena parte de su déficit exterior a los más de 40.000 millones de euros anuales, el 4% del PIB, que nos gastamos en la importación de combustible”, se felicita Juan Luis López Cardenete, profesor de la IESE Business School y ex director general de Unión Fenosa. Un petróleo barato dará un respiro a las rentas familiares y a las cuentas de resultados empresariales. También contribuirá al aumento de la recaudación del IVA y del impuesto de sociedades. ¿Cuánto nos durará la racha?
Ahora que el Gobierno considera la reindustrialización objetivo prioritario, ¿no deberíamos aprovechar para sumarnos a la revolución tecnológica e industrial generada en torno a la energía e implicarnos en la denominada transición energética: la progresiva sustitución de los combustibles fósiles por las energías renovables? Porque si hay un país dependiente de la importación de los combustibles fósiles, ese es España. Nuestro grado de dependencia exterior en petróleo, gas y carbón es del 70,5%, frente al 53,2% de media de la UE y del 25% de EE UU. “Asistimos a una catarsis energética y a movimientos geoestratégicos en torno al petróleo que no proceden del mercado, sino de intereses ocultos. Nada será igual a lo que fue”, apunta José Luis Martínez Marín, fundador del Club Español de la Energía.
La factura energética retomará forzosamente su escalada —un año es el plazo por el que apuestan algunos entendidos—, por mucho que la aplicación de las discutidas técnicas de fractura hidráulica del subsuelo, el fracking —no competitivas, temporalmente, tras el desplome de precios—, posibilite la extracción masiva de hidrocarburos y aleje en el tiempo el catastrófico escenario teórico delcrash energético global. Gracias a la “silenciosa revolución energética” que emprendieron años atrás, Estados Unidos y Canadá han obtenido una notable ventaja competitiva sobre los países europeos. El objetivo primero sigue siendo asegurarse el suministro energético para las próximas décadas, aun a riesgo de contaminar acuíferos y de desencadenar la sismicidad inducida. Pero eso no significa que las primeras potencias renuncien a desarrollar las energías renovables. No lo hace China, el monstruo contaminante que puede arrastrar a la humanidad al desastre medioambiental, y tampoco EE UU, el otro gran contaminador que roza la autosuficiencia en hidrocarburos.
¿Qué pasa en España, la otrora campeona mundial de las renovables que hace seis años atraía inversiones de medio mundo al calor de las primas establecidas por el Ejecutivo anterior? La transición energética encuentra a nuestro país con el paso cambiado, las arcas públicas vacías y el Gobierno ocupado en deshacer entuertos heredados. Las demandas de los inversores que se sienten perjudicados por los recortes aplicados a la retribución de las renovables forman ya una avalancha, mientras las industrias de alto consumo energético denuncian que la elevada tarifa eléctrica española les hace poco competitivas. La amenaza, luego levantada, de la multinacional del aluminio Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y A Coruña por “la imposibilidad de acceder a una energía a precios competitivos” es sintomática. “España tiene una de las tarifas eléctricas más caras de Europa y eso sin tener en cuenta el enorme déficit tarifario”, destaca Natalia Fabra, profesora de Economía en la Universidad Carlos III.
El Gobierno da por cumplido el objetivo de congelar la escalada de precios de la electricidad, que entre 2002 y 2012 tuvo un incremento del 5,9% anual. Según el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, la nueva regulación del sector eléctrico ha conseguido que el déficit tarifario correspondiente a 2013 haya quedado reducido a 3.500 millones de euros —frente a los 10.500 previstos—. También, dejar en cero el de 2014. Es un alivio, desde luego, que el monstruo de los 25.000 millones de déficit neto acumulado haya dejado de crecer. Vista con perspectiva, la gestión política de lasprimas a las renovables se revela como un desastre mayúsculo que obligaría a preguntarse por las causas y responsabilidades. “Al contrario que en la solar, en la eólica se acertó bastante, se aprovechó el conocimiento de la danesa Vestas para desarrollar una tecnología y unas industrias propias modélicas. Las primas fueron generosas, pero la cosa funcionó. Hoy la producción eólica es superior a la fotovoltaica y, sin embargo, se pagan más primas por las fotovoltaicas que por las eólicas”, señala José Ignacio Pérez Arriaga, profesor de Regulación Energética en el MIT (Massachusetts Institute of Technology).
“Más que en las primas, efectivamente muy generosas, el problema con las renovables es que no hubo disciplina y se permitió la producción de mucha más potencia de la que estaba prevista y era necesaria para cubrir la curva de aprendizaje”, explica el director delCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López Martínez. “Lo que debía ser un incentivo para la experimentación y desarrollo de las nuevas energías pasó a convertirse”, subraya, “en un producto de inversión más y una operación ruinosa para el erario público”. Vistas las demandas que presentan ahora contra España los propios consorcios energéticos internacionales que también invirtieron en nuestras renovables, no puede decirse que hayan agradecido el esfuerzo de financiar con cargo a los consumidores pasados y futuros la “curva de aprendizaje”. “La cuestión no está en llegar el primero a clase, sino en sacar la mejor nota. Nos precipitamos: lo que debía haberse hecho en quince años se hizo en dos”, alecciona Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona. Al igual que otros expertos, también él cree que este es el momento propicio para promover las renovables —producir un vatio fotovoltaico cuesta siete veces menos que antes—, aunque especifica: “Sin subvenciones ni ayudas y solo las que ya son competitivas y maduras: la eólica, la solar fotovoltaica…”.
Pero el Gobierno parece volcar todos sus esfuerzos en tratar de sacar los pies del charco legal y soslayar aquellos compromisos de primas firmados para 20-25 años que pesan como una losa sobre el erario público. La pregunta es si lo conseguirá y el problema es la inseguridad jurídica y la merma de la reputación que implican los bruscos cambios de criterios de la Administración española. “En esta materia, hay pocos países con tan alto grado de inseguridad jurídica; de ahí que las inversiones en eólica y solar estén paralizadas. Si no hubiera esa incertidumbre, estoy seguro de que esas dos renovables habrían despegado porque cada vez serán más fundamentales. Y como no tenemos un plan estratégico como país, una visión a largo plazo, no podemos aplicar una política de transición energética. Menos mal que estamos en la UE y al menos Bruselas nos va marcando un camino”, apunta José Ignacio Pérez Arriaga.
Nadie, entre los expertos, critica el empeño en impedir que la espiral del déficit tarifario siga creciendo, pero sí la paralización y abandono de todo lo renovable. A decir de estos entendidos, la única energía que no necesitamos importar ha pasado a convertirse en tabú. Hay un coro de voces con experiencia y conocimiento que sostiene que, fieles a nuestra peor tradición, nos hemos ido de un extremo a otro, sin considerar que hay industrias de éxito y con futuro. En las discusiones del Plan de Energía Estratégica para Europa (SEP Plan) en las que se fijan las prioridades de desarrollo tecnológico industrial, algunos representantes españoles han mostrado desinterés en los proyectos asociados a las renovables. Y eso que, como apunta Cayetano López, ha empezado a crearse un potente sector industrial. “La mayoría de las empresas de fabricación de paneles fotovoltaicos han caído en manos chinas, pero en la solar de concentración somos los mejores del mundo, y en el campo eólico, Gamesa, Acciona o Iberdrola son empresas muy potentes”, indica.
Es un lugar común entre los especialistas que en España no ha habido, ni hay, una política energética que merezca tal nombre. He aquí un somero muestrario de opiniones: “Somos uno de los pocos países de la OCDE que no tiene una prospección a 2040, nos limitamos a ir a remolque de la estrategia europea del 20/20/20/ (20% de reducción de los gases de efecto invernadero; aumento hasta el 20% del peso de las renovables en la energía total; mejora en un 20% de la eficiencia energética) establecida para el año 2020 y que difícilmente vamos a cumplir” (…) “Lo alucinante es que la política energética no está diseñada para la reducción del coste de la factura de abastecimiento, de la dependencia y de las emisiones” (…) “Nadie sabe qué mixenergético (combinación de energías) pretende nuestro país” (…) “Política energética es pensar en el transporte de mercancías y en las viviendas, y resulta que en los últimos tiempos hemos construido cinco millones de viviendas sin el adecuado aislamiento térmico” (…) “El transporte se lleva el 31% del consumo energético y el 70% del combustible se quema en la ciudad. ¿Qué pasa con la peatonalización, la bici, el coche eléctrico? En Alemania, el ferrocarril se usa tres veces más que en España” (…) “Hay que disminuir la dependencia del petróleo, ir a la electrificación de ferrocarriles, trenes y autobuses y decidir qué hacer con las nucleares porque, si vamos a seguir contando con ellas, habría que invertir ya en su renovación. No vaya a ocurrirnos como a Alemania, que ha cerrado sus nucleares y tiene que volver al carbón, con toda su carga contaminante”.
Plantear un pacto de Estado sobre la energía sigue siendo un brindis al sol, pese a que la catarsis que está teniendo lugar dejará poco margen de decisión sobre cuestiones como las prospecciones marinas de yacimientos de petróleo y gas y la aplicación del fracking que enfrentan hoy a los dos grandes partidos políticos. En el libro blanco sobre política energética que elaboró por encargo gubernamental, en 2005, José Ignacio Pérez Arriaga ponía el énfasis en la necesidad de que la política energética fuera consensuada. “Las inversiones en energía son costosas y para muchos años. No puede ser que un Gobierno apueste por lo nuclear o se comprometa a pagar por las renovables y el siguiente no. Les recomendé que la política energética estuviera en manos de expertos y no de simpatizantes o militantes del partido en el poder de turno, pero no me hicieron caso. Los Gobiernos de distinto signo no han hecho nada para evitar que el déficit tarifario crezca y crezca. Optaron por echarse las culpas unos a otros y solo han reaccionado cuando se han visto en la boca del lobo”, afirma.
Por coyuntural que resulte, el desplome del precio del barril de brentacarreará, previsiblemente, un aumento del consumo de los hidrocarburos, y cabe preguntarse si el Gobierno no debería aumentar los impuestos sobre la gasolina para reducir el incremento del consumo e invertir ese dinero en la transición energética. Natalia Fabra cree que sí. “Los precios del petróleo son volátiles e imprevisibles. Hay que liberar a la tarifa eléctrica de las excesivas retribuciones a las nucleares y las hidroeléctricas, aumentar el peso de las renovables en el mix energético, buscar la eficiencia y dotarse de una estrategia como la que tienen Alemania, Francia, Reino Unido…”. A eso, el catedrático Mariano Marzo le añade un punto de pedagogía general. “La gente tiene que entender que la energía no es solo una cuestión de dinero, ni una mercancía más; tiene que comprender que es un bien escaso y de importancia capital, que es poder y la base misma de la sociedad del bienestar”, enfatiza. Dice que volveremos a los tiempos del “niño, apaga la luz” y que tener coche o segunda residencia será un lujo.
“O España elabora su propia política o se la impondrán desde fuera”, asegura Emiliano López Atxurra, presidente de la cátedra de energía del Instituto Vasco de Competitividad. “Política energética”, subraya, “es integrarse en el proyecto del eje franco-alemán que busca el renacimiento tecnológico e industrial europeo sobre la base de la innovación y la eficiencia energética. Hay que considerar a la energía como motor industrial y tecnológico. Si Europa no quiere perder el paso, deberá refundarse sobre una política energética y hacer que sus empresas de bienes eléctricos vayan a procesos de integración y adquieran músculo”. López Atxurra piensa que el foco de lo imprescindible se desplaza a lo tecnológico industrial, como lo demostraría la sustitución de directivos financieros por industriales en las cúpulas de los grandes consorcios energéticos. “Los centros tecnológicos y las industrias energéticas tienen que ir de la mano”, sostiene.
La otra buena noticia es que Europa va a apoyar los esfuerzos españoles para dejar de ser una isla energética y reforzar sus interconexiones de electricidad y gas con el continente. Eso le permitirá comercializar sus excedentes de producción eléctrica y aprovechar sus poderosas instalaciones de ciclos combinados de gas. Precisamente, en febrero pasado se inauguró una nueva conexión eléctrica con Francia, que estará en periodo de pruebas hasta junio. Esta permitirá duplicar la capacidad de intercambio entre ambos países, de 1.400 a 2.800 megavatios (MW), o, lo que es lo mismo, del 3% actual de la demanda al 6%.
Con sus fortalezas y miserias, España no puede desconectarse del proceso de transición energética que cambiará nuestras vidas.EL PAIS
