En los fabulosos años veinte del siglo pasado las grandes fortunas francesas huyeron despavoridas a Suiza ante el aumento fulgurante de los impuestos —el marginal de la renta alcanzó el 74% en 1924— y la inestabilidad política que concluyó en la Gran Guerra. Años antes los bancos suizos ya se habían agrupado en la Asociación Suiza de Banqueros, que desde entonces actúa como una especie de cartel.
Los paraísos fiscales tienen su origen en el nacimiento del capitalismo: el momento en que los títulos de propiedad sobre la tierra son sustituidos a principios del siglo pasado por títulos de valores, acciones, bonos... Hasta entonces nunca había sido tan fácil trasladar la riqueza de un país a otro y ocultar parte de ella al fisco, según relata Gabriel Zucman en La Riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales.
Entre 1920 y 1938, las fortunas extranjeras gestionadas por los bancos con sede en Ginebra y Berna se multiplicaron por diez. Al calor de este próspero negocio se desarrollaron los bancos de Andorra, Mónaco o Luxemburgo. Desde entonces la actividad financiera de Suiza no hizo más que prosperar.
Hasta que en los años ochenta con la liberalización de los mercados financieros británicos nacieron la City y otras plazas financieras como Hong Kong, Singapur o Bahamas. Al albur de estos centros de negocios surgieron territorios o jurisdicciones off-shore como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Jersey, Guernsey o Gibraltar que blindaban a sus bancos con un velo de opacidad.
Zucman, profesor de la London Schcool of Economics, asegura que "gran parte de los bancos domiciliados en Singapur o las Islas Caiman no son otra cosa que filiales de establecimientos helvéticos que se instalaron allí para captar clientes". Estos refugios fiscales daban cobijo a las fortunas de los países desarrollados que eludían los impuestos pero también escondían grandes capitales de dinero negro procedente de actividades ilegales.
La crisis financiera que asoló el mundo en 2008 —disparó la deuda pública de los países y obligó a los Gobiernos a subir impuestos para alimentar a los desnutridos ingresos públicos mientras las grandes fortunas se mantenían seguras en sus islas del tesoro— abrió un nuevo frente contra los paraísos fiscales. En aquella época los gobernantes se daban más prisa en pronunciar frases grandilocuentes para acabar contra estas prácticas que en poner en marcha medidas para combatirlas.
El G20 y la OCDE, la organización de países más industrializados, se pusieron al frente de la cruzada contra los territorios off-shore. En 2009 aprobaron un acuerdo de intercambio automático de información entre países. Si un estado firmaba al menos 12 acuerdos de estos salía de la lista negra de la OCDE. Estos acuerdos eran muy laxos y estaban cuajados de boquetes. Actualmente este organismo ha quitado la etiqueta de paraíso fiscal a la treintena de estados que había catalogado como tal. Es decir, que para las organizaciones internacionales no existen lugares con nula o muy baja tributación y con una alta opacidad financiera. Así, por ejemplo desde 2009 Suiza no es catalogada como paraíso fiscal. Su Gobierno se esfuerza ahora por desligarse de este término y poco a poco comienza a compartir parte de su información financiera.
Sin embargo, un nuevo fenómeno ha impulsado los trabajos de la OCDE. La proliferación de noticias —y la presión de la opinión pública— en las que multinacionales se sirven de paraísos fiscales para eludir impuestos —Google, Apple, Microsoft, Starbucks...— llevó a este organismo internacional a lanzar el plan BEPS (erosión de bases imponibles y traslado de beneficios). Este proyecto, en el que participan medio centenar de países, aspira a que las grandes corporaciones paguen impuestos donde se genere su actividad. En este marco ya se han alcanzado algunos acuerdos como que las grandes compañías tendrán que detallar a partir de 2017 su contabilidad por países para mostrar donde generan valor añadido para que los países donde operan puedan gravar lo que generan en cada sitio.
En noviembre del año pasado 54 países también firmaron en Berlín un acuerdo para el intercambio de información de cuentas bancarias a partir de 2017. "Aunque se firmen acuerdos hay países que se agarran a la letra pequeña y después ponen muchísimos problemas y trabas para dar la información que se le requiere", explica José María Peláez, inspector de Hacienda.
Bruselas también ha reaccionado a estos casos. Desde 2016 obligará a los Estados miembros a informar sobre los pactos fiscales que mantienen con las corporaciones para que paguen menos impuestos así como los acuerdos de precios de transferencia —los que se fijan para operaciones entre empresas del mismo grupo y que permite trasladar beneficios de un país a otro—.
Pero los escándalos conocidos durante los últimos meses como el Luxleaks —el caso que destapó que Luxemburgo mantenía más de 400 acuerdos con multinacionales, Amazon, Disney o Ikea, para que redujeran su factura fiscal—, la lista Falciani —el informático del HSBC que difundió las cuentas secretas de clientes de este banco en Suiza—, y el más reciente de la Banca privada de Andorra —la intervención de esta entidad por blanqueo de capitales— han dejado en evidencia los avances.
En este sentido, hay que distinguir entre los avances que dan las organizaciones internacionales, lideradas por EE UU, para que las multinacionales dejen de usar los paraísos fiscales para pagar menos al fisco, y el coladero para que el dinero negro de actividades ilícitas o de la corrupción se oculte en estas jurisdicciones para blanquearlo. En estos casos los avances de la OCDE y el G20 resultan tan poco efectivos como barrer en la playa. Y aunque el sol se ponga en el paraíso volverá a salir al día siguiente.
EL PAIS
