Tras pasar siete años buscando sin éxito quedar embarazada, Evelyn lloró de emoción cuando, el 10 de septiembre, el gobierno de Costa Rica emitió un decreto que legaliza la fecundación in vitro, prohibida desde hacía 15 años.
Y volvió a llorar días más tarde, de frustración, cuando grupos religiosos con representación en el Congreso plantearon acciones de inconstitucionalidad para tratar de invalidar el decreto.
“Esto es una batalla de grupos religiosos con intereses políticos, sus palabras están llenas de demagogia, pero las familias sufrimos las consecuencias”, declaró a la AFP con amargura.
Evelyn Espinoza es una oficinista de 38 años y su esposo Esteban, de 35, un administrador de recursos humanos, que trabajan en el Ministerio de Educación.
La pareja gastó unos 13.000 dólares cuando viajó a Panamá hace unos meses para una fecundación in vitro (FIV), pero el procedimiento no tuvo éxito probablemente porque Evelyn contrajo en esos días una infección viral.
“Nuestra esperanza es que nos permitan volver a hacernos el tratamiento aquí en el país, aunque sea en forma privada, porque ya no podemos pagar tanto dinero”, apuntó Evelyn.
Experiencias similares han vivido cientos de parejas y de mujeres solas que desean procrear y que no tienen otro recurso que la fecundación in vitro. En Costa Rica podría haber hasta 15.000 personas en esa situación, según Boris Molina, uno de los abogados de las víctimas.
Este abogado representó a decenas de familias en un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en noviembre de 2012, condenó a Costa Rica y le ordenó restablecer el derecho a la FIV, que había sido prohibida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Desde entonces, varios proyectos de ley para regular la aplicación de la técnica han naufragado en el Congreso por la acción de los diputados cristianos (evangélicos) y por presiones de la Iglesia católica.
Un pulso de resultado incierto
El decreto ejecutivo, emitido por el presidente Luis Guillermo Solís para cumplir con la sentencia de la Corte IDH, trata de atender las objeciones de estos grupos religiosos que dicen que la FIV atenta contra el derecho a la vida.
En esencia, prohíbe extraer más de dos óvulos en cada caso y obliga a la implantación de todos los que sean fecundados, al tiempo que veta cualquier uso comercial o experimental de embriones.
Pero estos sectores religiosos mantienen su postura anti-FIV y esperan con sus acciones legales que la Sala Constitucional deje el decreto sin efecto.
“La Constitución dice que todo lo que tiene que ver con derechos humanos debe ser legislado, no se puede hacer vía decreto”, dijo a la AFP el legislador Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense.
Pero Ramírez, un pastor evangélico, no se refiere a derechos reproductivos de las mujeres, sino al derecho de los embriones: “La vida empieza con la fecundación y la protección de los derechos de los niños es un bien supremo”.
Su compañero de bancada legislativa Abelino Esquivel fue más allá: “Lo que el decreto aporta es un holocausto de embriones humanos”.
Pero otra de las afectadas, Maurem Solano, no está de acuerdo: “Yo soy cristiana (evangélica), pero creo que esos diputados son unos alborotadores y lo que hacen es aprovechar su posición para mover a gente ignorante y llevar agua a su molino”.
Maurem, de 38 años como Evelyn, es una asistente de contabilidad en la ciudad de Puntarenas, 110 km al occidente de San José y hace 14 años espera la oportunidad de practicarse una fecundación in vitro.
Ella y su esposo han pensado en acudir a una clínica privada en Panamá, pero los costos son muy elevados para sus ingresos.
Una salida discriminatoria
“El Congreso (integrado por 57 legisladores) está secuestrado por cuatro diputados que se autodenominan cristianos y que logran el apoyo de otros diez, pero se han dedicado a obstruir la aprobación de una ley de fencundación in vitro que apoyan otros 43 legisladores”, afirma el abogado Molina.
Sin embargo, el jurista coincide en un solo punto con tales diputados: “Existe una alta probabilidad de que la Sala Constitucional se traiga abajo el decreto presidencial” por motivos de legalidad.
El decreto “no contiene sanciones para quienes contraríen sus disposiciones porque solo los diputados pueden legislar en materia penal”, explicó Molina.
Los diputados evangélicos parecen dispuestos a ceder parcialmente, pero solo votarían una ley “muy restrictiva” que entre otras cosas niegue el derecho a la fecundación in vitro a mujeres solas y a lesbianas, según Ramírez.
Molina asegura que eso sería discriminatorio y advirtió que está dispuesto a impulsar una campaña en Europa de boicot a productos costarricenses si el Congreso persiste en “seguir violando los derechos humanos” al negarse a legislar el tema.
Fuente: AFP
