Lo que va a ocurrir esta semana en Bruselas se puede resumir como una guerra de baja intensidad que lleva 30 años librándose en Europa. Este lunes y martes, con esa teatralidad tan típica de las negociaciones que se alargan hasta la madrugada, los ministros responsables de la cartera de Pesca decidirán cuáles serán las capturas de peces máximas que se permitirán por cada especie (TAC) para 2016 y cómo se repartirá por países esa capacidad de pesca (cuotas) en el marco de la llamada Política Pesquera Común (PPC). España, con el 20% del volumen de la flota comunitaria, es la mayor potencia pesquera del continente y lleva desde 1986 saliendo mal parada de ese reparto. O, al menos, es lo que dice el sector. Sus reivindicaciones son tan viejas que han dejado de ser noticia, pese a que esta semana la patronal Cepesca se las ha vuelto a recordar a los partidos de cara las elecciones generales.
La crisis y la obligada reducción del esfuerzo pesquero para adaptar la capacidad de los barcos a los recursos biológicos en aguas comunitarias también han hecho lo suyo. Frente a los 13.000 buques censados en las costas en 2008, la flota española estaba compuesta el pasado verano por 9.586 barcos con 35.894 tripulantes. En 2014 esos buques llenaron sus bodegas con un millón de toneladas de peces que se vendieron por 2.022 millones de euros (primera venta). Ha sido, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, el primer año de recuperación del sector, tras las sostenidas caídas de valor que siguieron al estallido de la burbuja inmobiliaria en España.Javier Garat, presidente de Cepesca, reconoce que en estos últimos cuatro años las cuotas españolas se han incrementado en un 14%, “pero la triste realidad es que siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades del sector y de la población”. La respuesta a esa crisis crónica se ve en los puertos: el último capítulo ha sido el de los jureles desparramados este otoño por los pescadores gallegos de cerco en protesta por los cupos. Antes fueron anchoas, merluzas o caballas. El problema no está tanto en la presión para pescar más (para eso la flota debería estar vacunada por sus propios excesos y tiene muy marcadas las líneas rojas en Europa), como en el menudeo de ese reparto. Pero el ecosistema político de Bruselas es tan complejo como el océano más profundo.
Más de la mitad de todo el pescado capturado por la flota procede de aguas internacionales y, para abastecer el consumo interno (que ronda 1,6 millones de toneladas), las empresas importan 1,5 millones de toneladas y exportan otro millón. En resumen, con un saldo comercial negativo de 2.222 millones de euros en 2014, el país necesita materia prima. Y mucha. Esa dependencia del exterior genera debilidades que van más allá de las toneladas arriba o abajo que reparte Bruselas. El poco valor que se le da al pescado hace que los precios en los mercados españoles sean muy inferiores en relación con los de otros Estados europeos. El abandono de la actividad por parte de armadores que se acogen a ayudas para el desguace; los conflictos internos de la industria; las crisis como la de Pescanova o el notable descenso del consumo en favor de otros productos, como la carne congelada, son elementos que están poniendo piedras a las ruedas del sector.
Una vieja historia
“La Política Pesquera Común ha sufrido muchas críticas pero la realidad ha demostrado que la situación de las poblaciones de peces ha mejorado en el nordeste, en el mar del Norte y el Báltico. La reducción del esfuerzo pesquero y la mortalidad pesquera en estos años ha sido grandísima, y en el incremento de la biomasa también”, sostiene Garat.
Alberto Alonso, director de la revista Pesca Internacional, editada por los armadores de Vigo, recuerda que cuando el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda negociaron su adhesión a la UE “tenían muchísimo miedo a la puesta en común de las 200 millas de zona económica exclusiva”. “La pesca fue una de las primeras políticas en compartirse y suponía renunciar a la soberanía sobre tus aguas. Esos países buscaron una fórmula para protegerse de la entonces previsible entrada de España y Portugal”, y la encontraron al identificarse como regiones altamente dependientes de la pesca. “Se creó un sistema de reparto basado en lo que se llama la estabilidad relativa, y ahí sigue. La UE no quiere hacer cambios sobre ese criterio”. Eso, sostiene el sector, ha provocado incoherencias, como que la flota española que faena en el caladero de Gran Sol haya ido retrocediendo (de 400 buques antes de la adhesión se ha pasado a los actuales 100), mientras que otros Estados no aprovechan su cuota. “La cuestión de fondo es la insolidaridad, porque la PPC, como política de gestión de los recursos, es una historia de éxito”, resume Alonso.
Los ecologistas reconocen que la industria española ha trabajado para reducir la pesca ilegal pero creen que la foto que pintan los empresarios dista de ser brillante. Para María José Cornax, directora de campañas de pesca de Oceana, los países parecen haber olvidado sus compromisos en sostenibilidad. “La diferencia entre lo que recomiendan los científicos [como topes máximos de capturas] y las cuotas que se aplican finalmente es del 53%. En el Mediterráneo es peor, un 93% de los recursos están sobreexplotados”. Pero la pesca española es un negocio que va mucho más allá de lo que pasa en Europa. Si en aguas comunitarias se considera que ciertas pesquerías tienen problemas, el resto de los océanos parece el Lejano Oeste. Según la FAO, el 61% de las poblaciones de peces están al límite de su rendimiento máximo y un 28% están sobreexplotadas. En ese mar revuelto pescan países como China, que tiene 288.000 barcos. Japón roza los 300.000. Una armada invencible para cualquier mercado. ¿Son flotas sostenibles? “Para comprender el impacto de la pesca en todo el mundo son necesarios datos fiables y más transparencia”, protesta Cornax. “En el caso de la UE, aunque sus barcos llevan operando desde 1960, nunca se ha revelado qué buques estaban autorizados, dónde y para capturar qué. Según la Política Pesquera Común, la UE es responsable de que sus barcos, pesquen donde pesquen, lo hagan de forma sostenible, transparente y responsable”.
Atún y sobrepescaLos barcos españoles tienen acuerdos para todo tipo de artes de pesca (arrastre, palangre, cerco), desde Mauritania hasta Senegal, Angola o Guinea Bissau. Barcos con bandera nacional capturan fletán negro, bacalao y raya en la parte exterior de los grandes bancos de Terranova y en una meseta cercana conocida como Flemish Cap, aguas gestionadas por la organización regional NAFO. Además, los atuneros se desplazan al Índico y el Pacífico. Pero la falta de datos, dicen los conservacionistas, impide hacer un seguimiento de la actividad de los armadores de la UE en terceros países. “La única excepción es WhoFishesFar.org, una base de datos lanzada por ONG, que muestra que entre 2010 y 2014 se concedieron 4.160 autorizaciones para operar bajo estos acuerdos”, recuerda Oceana.
La industria conservera ha sido uno de los sectores más golpeados, aunque su producción parece haber repuntado en 2014 hasta las 366.000 toneladas, un 7% más. Tras una gran reestructuración de empresas, está dominada por unas 130 sociedades, la mayoría gallegas, y parece que no está sabiendo gestionar uno de sus principales problemas: la fuerte dependencia de las importaciones de materia prima y la competencia desleal por parte de terceros países.
A principios de este año la patronal, Anfaco, reclamó al Gobierno que elevase de 22.000 a 30.000 las toneladas libres de aranceles de lomos de atún para el bienio 2016-2018 bajo la amenaza de que, de lo contrario, las empresas correrían el riesgo de “desaparecer” como actividad industrial. Comenzó entonces una dura pelea con los armadores, que defendían la pesca de sus atuneros frente a productos procedentes de Tailandia, China y Vietnam. La cuestión se saldó con una subida de 3.000 toneladas en las importaciones sin aranceles y muchas heridas abiertas.
Calvo, por ejemplo, se posicionó en esa guerra del lado de los pescadores frente a la opinión mayoritaria de los conserveros, porque su empresa no fabrica marca blanca. Mané Calvo, presidente del grupo, asegura que todo el atún que comercializa su empresa, principalmente de la variedad de aleta amarilla (Thunnus albacares), se extrae de forma responsable, pero admite que hay pesquerías y especies donde la situación está descontrolada. “Han bajado mucho los precios del atún en España por las grandes pescas del Pacífico. En los tipos Rabil (Thunnus albacares) y Patudo (Thunnus obesus) las capturas están descendiendo porque se ha llegado al rendimiento máximo sostenible”. Su diagnóstico es que el atún se ha convertido en un componente de la cesta básica de alimentación y, al igual que ha pasado con la leche o el aceite, “se ha banalizado su precio”. Algo que, en general, afecta a todos los pescadores. “La pesca no es un juego de malos y buenos, todos tenemos que vivir, y durante la crisis se ha instalado el low cost”. Su grupo también estuvo afectado por la decisión adoptada por Mercadona en 2009 de retirar sus latas de los supermercados de la cadena. “Nos hemos ido recuperando muy poco a poco y ahora nos mantenemos bastante bien. Otra cosa es que las autoridades tendrían que ayudarnos a poner en valor el pescado, no hay pescado malo”.
El precio, según un análisis del experto en economía pesquera y profesor de la Universidad de A Coruña Fernando González Laxe, ha sido un elemento esencial en esos cambios radicales de los que habla Calvo. “Las marcas de la distribución ganaron cuota entre 2000 y 2008. De una parte se redujo el gasto en alimentación; de otra se introducen conceptos que insisten en las características nutricionales, como lo bío o lo exótico”. Tras la crisis, el gasto de los hogares se redujo aún más y el precio pasó a convertirse en el criterio de elección.
Pero el consumo también se ha visto muy tocado. Según los datos del INE, ha descendido desde los 28 kilos por persona y año de 2004 hasta los actuales 25. Tres kilos por habitante en una población que roza los 47 millones son muchos millones en facturación que deja de ingresar la industria.
Sin embargo, en términos globales, según recoge el informe de la OCDE Agricultural Outlook 2015, los habitantes del planeta van a seguir demandando este tipo de proteínas. Si en el periodo 2012-2014 los mares produjeron 161 millones de toneladas y se consumieron 140 millones, las proyecciones para el año 2024 hablan de una producción de 191 millones y un consumo humano de 172 millones. “En precios vemos que en los últimos años están empezando a subir, en línea con la superación parcial y desigual de la crisis y una mayor disponibilidad de nuevos productos”, señala en su análisis González Laxe.
El gigante se hundió
Al fracasado presidente de Pescanova, Manuel Fernández-Sousa, le encantaba presumir de que el futuro de su sector estaba en la acuicultura. Había invertido cientos de millones en varias fábricas, entre ellas la de Mira, en Portugal, de la que esperaba obtener 7.000 toneladas anuales de rodaballo que nunca logró. Por ahora, este método de cría no puede aspirar a superar a la pesca extractiva: el valor de peces de cultivo el año pasado fue de 271 millones, principalmente por la dorada y la lubina. Sumados a los moluscos, en especial el mejillón, su valor no alcanza ni el 20% de la producción pesquera.
Del lado de la gestión, los empresarios admiten que tampoco les ha ido muy bien desde que Pescanova reconoció que había estado años mintiendo para ocultar su abultada deuda, algo que forzó a la compañía cotizada a entrar en concurso de acreedores. “Ha afectado a la imagen de todo el sector”, asegura Garat. La desconfianza de la banca se extendió a las empresas. “Empezaron a mirar con lupa a las cuentas y a reducir su nivel de riesgo. Algunas sociedades se vieron muy apuradas por no poder refinanciar la deuda”.
Mientras las aguas se calman, el sector reivindica su espacio en el debate público. “Para empezar, el futuro Gobierno podría recuperar el Ministerio de Pesca”, reclama un armador.
Pesca ilegal y banderas de conveniencia
El Yongding, buque relacionado con la pesca ilegal en aguas antártidas. / INTERPOL
“Ya ve que no tengo parche en el ojo ni pata de palo”. Vestido de impecable traje italiano, así se presentaba en privado hace seis años el armador de Ribeira (A Coruña) Manuel Vidal Pego. Ya había sido procesado en Estados Unidos por pesca ilegal y poseía una importante red de empresas para operar sus barcos a través de banderas de conveniencia para eludir controles. Greenpeace y Oceana tenían documentada una extensa actividad ilícita de Vidal Pego y su padre, Antonio Vidal Suárez, a través de sociedades vinculadas en varios países. Sin embargo, los piratas son escurridizos a la acción de la justicia.
La Operación Sparrow contra la piratería en aguas antárticas, que el Ministerio de Agricultura pilotó a principios de 2015, volvió a descargar todas las sospechas sobre el empresario gallego, que se enfrenta a una multa que podría alcanzar los 10 millones de euros.
“España ha aprobado nueva ley con sanciones muy estrictas y mayor capacitación de inspectores, que permite sancionar a los beneficiarios de la actuación ilegal, independientemente del pabellón del barco o de la empresa armadora”, destaca María José Cornax, de Oceana. La Comisión Europea aplica un sistema que permite sacar tarjetas (roja, amarilla) sobre países que no cooperan contra la pesca ilegal. “Belice, que ha sido un lugar importante para la flota española porque hay muchos buques abanderados, fue uno de los países sancionados, pero le levantaron a los tres meses la tarjeta por considerar que había enmendado la situación”. Taiwán, y las islas Comoras, un archipiélago al sureste de África donde está abanderada parte de la flota atunera, fueron señalados con una tarjeta amarilla.
La Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en Vigo, ha coordinado en la última década 71.000 inspecciones en barcos comunitarios. De estos, 3.500, es decir, cerca de un 5%, desvelaron supuestas infracciones, según el director de este organismo, el francés Pascal Savouret. Reconoce que no tiene un papel policial: “No tenemos capacidad de perseguir, ese es un rol exclusivo de los Estados miembros. Nosotros fomentamos la coordinación para que se cumpla la Política Pesquera Común y nuestra meta es lograr la sostenibilidad de los recursos. Lo que creo es que desde un punto de vista de conservación la situación en el Mediterráneo del atún rojo se ha mejorado mucho. En el Báltico tenemos éxitos con la recuperación del salmón y el bacalao”. Cree que la depredación humana puede cuadrar con la reproducción de las especies y que Europa ha dado ejemplo de que se pueden gestionar los stocks de peces de manera responsable.
En esa lucha, el código de conducta de la FAO también es una herramienta internacional muy importante por su influencia sobre las organizaciones que gestionan los caladeros. “España ha hecho muchos esfuerzos en este ámbito, en control nacional e internacional. Recordemos que no todas las acciones de pesca ilegal son piratería”, puntualiza Savouret. Pide que se mejoren los mecanismos de intercambio de datos “para que todos los operadores sean tratados de la misma forma, que un español no tenga que cumplir con más requisitos que un irlandés”.
EL PAIS
