El pasado jueves 10 de diciembre, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aprovechó la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos para informar de que ese mismo día mandaría la iniciativa de ley de desaparición forzada al congreso. “En el país”, dijo, “debemos afrontar y superar estos episodios con toda determinación”. Un día antes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas le pedía precisamente –y por segunda vez– que atendiera su petición de proteger a familiares de desaparecidos en Guerrero, familiares que buscan desde hace meses a los suyos y que sufren presiones por ello.
En una carta dirigida al Gobierno mexicano fechada el 9 de diciembre, el Comité explica que “ha requerido al Estado parte –México es firmante de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas– que adopte las medidas cautelares y de protección necesarias” para garantizar la seguridad de “las personas que han desarrollado actividades para buscar y localizar a las personas desaparecidas”.
Más adelante el Comité resalta su “preocupación, tras la recepción de alegaciones según las cuales las medidas cautelares requeridas (…) todavía no han sido cumplimentadas por el Estado parte”.
La preocupación del órgano de Naciones Unidas responde a la falta de respuesta del Gobierno de Peña Nieto. Ya el pasado 21 de septiembre, el comité se dirigía al Estado mexicano para que protegiera a un grupo de trece personas, familiares de desaparecidos en el estado de Guerrero. Ahora, además de un tirón de orejas por incumplir su mandato, el comité amplía la lista a 39 personas y da de plazo hasta el 28 de diciembre para su cumplimiento.
Si el incumplimiento persiste este caso podrá ser analizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.La organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ha defendido los intereses de los familiares de desaparecidos en Guerrero junto al Instituto mexicano de derechos humanos y democracia y el Centro Pro DH. El pasado 20 de noviembre de 2015, estas organizaciones enviaron una carta al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, solicitándole las medidas de protección. No han obtenido respuesta.
Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de Idheas, explica que "los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos humanos no deben encontrar obstáculos en su cumplimiento y no deben tener oposición por parte de las autoridades encargadas de cumplirlos. Los argumentos de derecho interno –sean estos de la índole que sean–no deben servir de pretexto para la mora en su acatamiento".
No es la primera vez que Naciones Unidas amonesta al Gobierno mexicano por la ligereza con que enfrenta asuntos relacionados con derechos humanos. En abril, el relator especial sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, presentaba las conclusiones de su informe sobre la situación en México. "La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", decía. El Gobierno contestó entonces que Méndez era poco menos que un exagerado.EL PAIS
