Esta situación se debe a la Ley de Arrendamiento, que recientemente cumplió 10 meses de aprobada.
El contrato de arrendamiento está vencido hace dos años, así como la prórroga que establece la ley para el desalojo. La Superintendencia de Inquilinato medió en la situación pero las partes no se pusieron de acuerdo. Los propietarios exigen que les devuelvan su casa y los inquilinos alegan que no consiguen a dónde mudarse porque no tienen cómo pagar los altos cánones.
El matrimonio Goncalves se encuentra a la espera de una nueva audiencia frente a las autoridades competentes.
Los vecinos enfurecidos defendieron en la calle el derecho de propiedad de los Goncalves y trataron con hostilidad a la familia de tres mujeres que se niega a abandonar.