El fantasma de las desapariciones se enfrentará a la ley. El presidente Enrique Peña Nieto ha presentado al Congreso la norma que intentará arrojar luz sobre una de las zonas más oscuras de la historia de México. Desde 2006, más de 24.000 personas han desaparecido en el país, en la mayoría de los casos a manos del narco. La iniciativa, prometida por el mandatario como parte de su segunda agenda de reformas, llega después de las reiteradas y amargas quejas de la ONU. Entre sus aportaciones figuran acabar con la dispersión legislativa y convertir este delito, junto al de tortura, en imprescriptible.
Las desapariciones forman un universo nebuloso en México. No hay registros fiables, la legislación es obsoleta y las fuerzas de seguridad las desatienden sistemáticamente. El resultado es que miles de personas, víctimas del narco, de la policía o del mismo Ejército han dejado este mundo sin que nadie se haya ocupado de averiguar su paradero. Este agujero negro ha traído consigo una radical desconfianza hacia las instituciones. Pocos creen en México en el buen fin de las investigaciones y, aunque la cifra de desapariciones alcanzase su máximo durante el convulso mandato de Felipe Calderón (2006-2012), el horror permanece vivo, como atestigua el caso Iguala.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU admite en su último informe que esta lacra, amparada en la inacción de las instituciones, se extiende “por gran parte del territorio”: “Estamos preocupados por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”. Pese a que estas conclusiones de Naciones Unidas fueron recibidas a regañadientes por el Gobierno mexicano, la promesa de presentar una ley que ponga fin al vacío legal se ha mantenido firme. “En México tenemos que afrontar y superar estos episodios con toda determinación. Hay que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y agravian a la sociedad”, indicó Peña Nieto al enviar la normativa, junto con la ley antitortura, al Congreso.
La contabilidad y seguimiento de los casos forman el núcleo de la ley. Para establecer el alcance real del fenómeno se pretende crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y otro de datos forenses. A estas iniciativas se añadiría un Sistema Nacional de Búsqueda destinado a activar las pesquisas y coordinar a la policía y la fiscalía nada más se tenga noticia de la desaparición. Como elemento externo de control, la propuesta fija la constitución de un Consejo Nacional Ciudadano, integrado por familiares, expertos y organizaciones de derechos humanos.
La aprobación de la normativa, prácticamente segura, aunque puede demorarse hasta bien entrado 2016, aparte de satisfacer las demandas de la ONU, servirá para acabar con un vacío legal. Hasta ahora tan sólo 19 de los 32 estados incluyen la desaparición como delito en sus códigos penales. Entre ellos figura la salvaje Tamaulipas, la entidad que más casos registra.La legislación fue bien recibida por entidades tradicionalmente críticas. Amnistía Internacional señaló que la norma ofrece “luces de esperanza” a las víctimas, pero exigió que su contenido no se diluya a su paso por las Cámaras. “Todavía debemos ver si estas leyes cumplen con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y si los debates en el Congreso incorporan cabalmente las opiniones de expertos y aquellas personas que han vivido en carne propia estos crímenes horrendos”, señaló en un comunicado Amnistía Internacional.
La creación de un censo fiable servirá a su vez para expurgar casos y separar simples fugas de asesinatos. Pese a ello, numerosos expertos señalan que cabe la posibilidad de que la cifra final sea más alta que la actual, en parte por que hasta ahora la mayoría de los delitos no se denuncian por miedo o por la simple y terrible constatación de que no sirve de nada. EL PAIS
