Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) denunció el ataque del que está siendo objeto por medio de una campaña de desprestigio internacional a través de algunos medios de comunicación, en la cual la vinculan con la comisión de supuestos hechos ilícitos cometidos por ciudadanos y empresas venezolanas.
En tal sentido, Pdvsa condena cualquier tipo de práctica ilícita, así como cualquier conducta que conlleve a la práctica de actos de corrupción por parte de empresas relacionadas con ella y funcionarios que se desempeñen en la misma
Pdvsa ratificó que todos sus procesos de contratación son apegados a las leyes de la República de Venezuela, así como el continuo perfeccionamiento de sus normas y procedimientos de contratación y control que garanticen el más alto nivel de transparencia.
Asimismo, puntualizó la estatal que esta denuncia, así como todas las que son recibidas a través de sus órganos de control, son procesadas e investigadas hasta ser remitidas a las autoridades nacionales encargadas, para así, salvaguardar cabalmente los intereses del Pueblo Venezolano.
El pasado domingo se conoció que los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente, por los cargos de fraude y lavado de dinero.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. indicó a Efe que los arrestos se produjeron el pasado 16 de diciembre cerca de las respectivas residencias en Estados Unidos de los venezolanos, supuestamente vinculados a PDVSA.
Rincón, supuestamente, es cercano al exdirector de la inteligencia militar venezolana, general Hugo Carvajal, a quien Washington reclama por delitos de narcotráfico relacionados con la guerrilla colombiana de las FARC y quien fue detenido en julio de 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.
Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, que gozaba de inmunidad diplomática al haber sido designado como cónsul de la isla y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro que calificó el incidente de "secuestro".
Las operaciones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentran desde hace meses bajo la lupa de la Justicia de EE.UU., que trata de averiguar si Venezuela usa a la compañía para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, según publicó en octubre The Wall Street Journal.
