El Legislativo chino adoptó hoy su esperada y controvertida nueva ley para regular el trabajo de las ONG extranjeras en el país, según anunció hoy, un paso normativo que, según las organizaciones afectadas, amenaza su propia supervivencia.
El texto de esta nueva ley había sido presentado hace varios días ante la Asamblea Nacional Popular (Legislativo) para su tercera revisión, por lo que se esperaba que pudiera ser votada y aprobada hoy, al término de la reunión bimensual de la Comisión Permanente de este órgano parlamentario chino.
La nueva normativa, que ya en su estado de proyecto de ley fue criticada duramente por la Unión Europea y Estados Unidos, promueve un aumento del control de Pekín sobre las actividades de estas ONG y otorga un mayor poder a la Policía china, que deberá aprobar en cada caso el trabajo de estas organizaciones.
Entre otras cosas, la ley recién aprobada estipula que la Policía puede interrogar al director o representante de una ONG "en cualquier momento", y que las autoridades pueden ordenar que se pare cualquier actividad que consideren que puede poner en peligro la seguridad nacional.
Según se aseguró hoy en la rueda de prensa posterior a la clausura de esta sesión ordinaria de la principal comisión parlamentaria china, celebrada entre el lunes y hoy, Pekín considera que una ley de este tipo era necesaria, dado el gran número de entidades extranjeras de este tipo en el país.
El papel que se da a la policía en su relación con ellas responde, según la explicación oficial, a su gran experiencia en la gestión de los asuntos relacionados con ciudadanos extranjeros.
La comisión parlamentaria recalcó además que el borrador inicial ha sufrido modificaciones hasta su aprobación en forma de ley, en un proceso de recogida de opiniones de distintas organizaciones afectadas dentro y fuera del país, en el que se ha empleado cerca de un año.
En la actualidad, precisó, hay cerca de 10.000 ONG trabajando en todo el país oriental, donde suelen ocuparse, en general, de asuntos de medio ambiente, ciencia, educación o cultura.
Las organizaciones centradas en temas de derechos humanos suelen trabajar desde Hong Kong, una región autónoma con mayores libertades donde, por ejemplo, Human Rights Watch o Amnistía Internacional tienen su sede para China.
Muchas de ellas consideran esta nueva ley parte de la campaña del presidente chino, Xi Jinping, "para suprimir a la sociedad civil" y alertan de sus graves consecuencias.
La aprobación de esta ley se suma a toda una serie de nuevas normas legales promovidas por Xi que han generado preocupación en Occidente, como la polémica ley de seguridad nacional que se aprobó el año pasado, y que abarca aspectos tan dispares como las finanzas, la política, el ejército, la ciberseguridad o la religión EFE
