“Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión”. “Ante la agresión de Haití, defiende tu patria”. “República Dominicana para los dominicanos”, dicen las pancartas que levantan en Santo Domingo quienes apoyan la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a cuatro generaciones dominicanos de origen extranjero, nacidos a partir de 1929. Existe entre ellos la idea de que la migración haitiana del último siglo hacia República Dominicana ha sido una invasión silenciosa que ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad. Que más temprano que tarde, los haitiano-dominicanos de segunda, tercera y cuarta generación podrían llegar a conducir los destinos país. Que cerrarle el paso a esa posibilidad, coartando su participación política por la vía jurídica, es un asunto de soberanía. Porque, si solo dependiera de los votos, eso que tanto temen los sectores conservadores y nacionalistas de República Dominicana ya hubiese ocurrido hace 20 años.
Aunque el discurso nacionalista y antihaitiano comenzó a forjarse en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, fue a partir de 1990 cuando el antagonismo frente Haití como argumento de soberanía cobró fuerza dentro de la política moderna de los partidos. Y ocurrió ante la posibilidad de que un dominicano negro, abogado, líder de masas –José Francisco Peña Gómez-- llegara a la Presidencia de la República.
“Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón”, decía Peña Gómez mirando fijamente a la cámara, durante un spot propagandístico utilizado en la última de sus tres campañas presidenciales como abanderado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la provincia dominicana de Valverde y ese mismo año fue adoptado por una familia de campesinos dominicanos, cuando sus padres haitianos debieron huir de las matanzas de migrantes ordenadas por Trujillo. Su origen y fenotipo de hombre negro fueron siempre objeto de crítica dentro y fuera de su partido a lo largo de su carrera política.
Peña Gómez fue síndico (alcalde) de Santo Domingo entre 1982 y 1986, y fue el candidato del PRD en las presidenciales de 1990, 1994 y 1996. En 1994 obtuvo la mayoría de los votos frente al anciano aspirante a la reelección Joaquín Balaguer, pero un fraude le arrebató la presidencia. La comprobación de esas irregularidades en el proceso obligó a Balaguer a acceder a un pacto con la oposición, representada por Peña, que implicó la convocatoria a nuevos comicios en 1996 y a una reforma constitucional que, entre otras modificaciones, impedía la reelección consecutiva y establecía la segunda vuelta electoral. En 1996, Peña Gómez volvió a presentarse y ganó la primera vuelta con el 47% de los votos. Pero fue derrotado en segunda vuelta por el Frente Patriótico: la alianza entre el conservador Partido Reformista Socialcristiano (PRSC) de Balaguer y el socialdemócrata Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que llevó a la presidencia a Leonel Fernández. Fernández gobernó República Dominicana entre 1996 y 2000 y luego, entre 2004 y 2012; aún a pesar de los desencuentros, Fernández sigue siendo el poder detrás del trono en la actual gestión del presidente Danilo Medina.
“A partir de ese momento [1996], la política dominicana da un giro: el PLD se hace un partido conservador, asume el discurso nacionalista y poco a poco Leonel Fernández va haciendo suya esa propuesta. Inicialmente se colocó en el centro pero después dio un giro cada vez más a la derecha, hasta el punto de convertirse en un líder neoconservador”, ha explicado a EL PAÍS el sociólogo dominicano Wilfredo Lozano, director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo.
“Leonel Fernández ha comprendido que la política tradicional dominicana tiene una raíz profundamente conservadora y que, en ese marco, el discurso nacionalista deja réditos políticos. Ese discurso neonacionalista va a tener cada vez más presencia en el porvenir de la política dominicana y también va a oscurecer las posibilidades de una democracia política pluralista, abierta. Ya lo vemos en la sentencia [del Tribunal Constitucional] que tiene un sesgo de exclusión política-electoral de una masa de votantes que, en principio, no tenderían a votar por esas fuerzas conservadoras”, concluye Lozano.
Los líderes más destacados de todos los partidos, incluyendo a los del PRD donde hizo carrera política Peña Gómez, han apoyado sin condiciones la sentencia del Constitucional dominicano. Esta decisión, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros “en tránsito” nacidos en el país desde 1929, afecta especialmente a cuatro generaciones de dominicanos descendientes de jornaleros haitianos, en su mayoría contratados desde 1915 por el Estado como mano obra para la industria azucarera.
Se trata de miles de personas que hasta ahora han tenido cédulas de identidad y han participado en elecciones como votantes y como candidatos. Que no son solo braceros (cortadores de caña), relegados a los límites del batey (los asentamientos construidos especialmente para ellos en los alrededores de los cultivos), sino también abogados, políticos, médicos, psicólogos, activistas. Personas que abiertamente o no participan de la vida política, económica y social del país. En acatamiento de la sentencia, la Junta Central Electoral dominicana, responsable del registro civil, ha comenzado a depurar sus archivos y a entregar “carnets de estadía temporal” a los hijos de extranjeros que admitan haber obtenido sus documentos de forma fraudulenta. En un futuro, ellos podrían solicitar la naturalización para recuperar su nacionalidad dominicana pero, de acuerdo a lo que establece la Constitución vigente, no podrán optar por la Presidencia o Vicepresidencia de los poderes del Estado.
“En el contexto actual, asumir el origen haitiano en la República Dominicana tiene consecuencias. Es un tema impopular que se maneja desde los prejuicios. En todos los partidos hay dominicanos de ascendencia haitiana, pero hay muchos que no se asumen públicamente como tales”. Lo dice Antonio Pol Emil: abogado, miembro fundador del Centro Cultural Dominico-Haitiano y regidor (concejal) del municipio San Pedro de Macorís desde 2010 y hasta 2016.
Pol Emil es hijo de braceros haitianos y nació en 1955 en el batey La Higuera, que aún pertenece al central azucarero La Romana, ubicado en el sureste del país. De aplicarse la sentencia, su nacionalidad, la de sus hermanos y la de sus cuatro hijos -todos universitarios, con cédula dominicana- podría ser revisada, y el mandato para el cual fue electo podría truncarse. “Nadie sabe qué va a pasar con su identidad. Ya hay más de 300 casos de demandas de nulidad (de nacionalidad), que se han hecho sin notificar a las personas afectadas”, dice el abogado.
Antonio Pol Emil fue uno de los siete representantes de la sociedad que en las semanas siguientes a la sentencia del TC se reunió con el presidente Danilo Medina para buscar una salida política al fallo. Medina prometió entonces interceder ante los poderes públicos, pero cambió de opinión más tarde y ahora es el Ejecutivo uno de los principales defensores de los términos de la sentencia. Pol Emil también comenzó a ser acusado de “traición a la patria” por supuestamente lanzarse como a diputado en Haití, mientras aspiraba a un puesto en el concejo municipal de San Pedro de Macorís. “Eso comenzó a partir de la reunión con el Presidente y ese tipo de campaña focalizada es efectiva. Hay un proceso de desnacionalización, pero se presenta a la opinión pública nacional como si se trata de un problema de migrantes. Y hay personas solidarias, no racistas, no antihaitianas que están confundidas”.
Desde que el Tribunal Constitucional publicó su sentencia, el sector de la opinión pública dominicana que la rechaza se pregunta diariamente en los programas de tele y radio, en los ensayos y columnas de la prensa, qué habría sido de la nacionalidad de líderes fundamentales de la política local, como José Francisco Peña Gómez o incluso como Joaquín Balaguer (nieto de la haitiana Rosa Amelia Heureaux), si hoy siguiesen con vida. Peña Gómez murió el 10 de mayo de 1998 de un cáncer de páncreas que empezó a consumirlo cuatro años antes. Al cumplirse diez días de su muerte, la principal terminal aérea que sirve a Santo Domingo fue rebautizada con su nombre, aunque popularmente aún se le conoce como el Aeropuerto Internacional Las Américas, a secas.
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