La revelación de que el Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) mantienen conversaciones informales sobre la reforma energética para lograr una iniciativa más flexible en sus modelos de explotación de hidrocarburos ha puesto de nuevo en riesgo al Pacto por México, el acuerdo firmado por los principales partidos políticos mexicanos para sacar adelante las reformas estructurales. Las informaciones de la prensa estadounidense y las declaraciones de algunos legisladores del PAN, publicadas el pasado miércoles, indican que existen negociaciones extraparlamentarias entre el Gobierno y la derecha mexicana que buscan la posibilidad de plantear cambios legislativos más ambiciosos a los anunciados por Peña Nieto.
El senador panista, Salvador Vega, confirmó a EL PAÍS la existencia de estas conversaciones “informales” que habrían ocurrido en el Senado – la cámara legislativa que debatirá primero la reforma—. “Hemos visto más apertura por parte de los funcionarios (de la Administración de Peña Nieto). Eso es lo que nos lleva a creer que podemos sacar una reforma energética más avanzada si esta flexibilización del PRI y del Gobierno se concreta a la hora de la negociación”, comentó. Estas negociaciones estarían encaminadas a lograr una reforma que permitiría otorgar licencias o celebrar contratos de producción con la iniciativa privada, algo que el Gobierno mexicano había descartado anteriormente.
El presidente mexicano propuso en agosto al Congreso mexicano la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución para abrir el sector energético a la iniciativa privada a través de contratos de utilidad compartida, en los que el Estado se mantendría como único dueño de los hidrocarburos obtenidos y repartiría las ganancias en efectivo a las compañías inversoras. Incluso, la administración de Peña Nieto había buscado que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) tomara en cuenta las ganancias esperadas de estas compañías en bolsa, para hacer más atractivo al sector energético mexicano.
La noticia de la negociación entre el partido del presidente, el Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN generó esta semana una sacudida entre los partidos políticos. El más sorprendido fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda) que habría sido excluido de las negociaciones por sostener una fuerte postura en contra de cualquier tipo de reforma constitucional para el sector energético.
Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, aseguró que aunque estas conversaciones existieran, los acuerdos finales se harán en el Congreso. “A nosotros no nos alarma el diálogo que pueda tener el PAN y el Gobierno. Pero fuera del Congreso no debe haber ningún acuerdo, tampoco fuera del país, nunca. Que se tenga certeza que el producto de la reforma energética sea un acuerdo construido por las fuerzas políticas”, ha expresado.
Sin embargo, la alarmas dentro del Pacto por México se encendieron el viernes cuando el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció en una entrevista al diario mexicano El Economista que el acuerdo, signado en diciembre de 2012, ya no contaba con la misma energía e impulso con el que se iniciaron las negociaciones de otras reformas. Incluso mencionó que la discusión de la reforma energética será la que marque el destino del Pacto. “La suerte del Pacto la tendremos que decidir entre todos, pero en especial el Gobierno de la República. Entonces creo que llegamos a un punto en el que o fortalecemos el Pacto o le decimos adiós”, ha comentado.
El PRD llevará su oposición a las calles. Zambrano ha convocado a una protesta “contra la reforma energética de Peña Nieto y el PAN” para el próximo domingo 17 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza de la capital del país. Precisamente en las calles es donde la reforma podría tener su mayor resistencia. Ya lo han demostrado las multitudinarias convocatorias hechas por Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, y Andrés Manuel López Obrador, antiguo candidato de la izquierda a la presidencia.
Cárdenas, hijo del general que nacionalizó la industria petrolera en 1938, acudió el miércoles a la Cámara de Diputados para poner un poco de presión a los legisladores y convencerlos de que la reforma de Peña Nieto busca “el saqueo de los recursos petroleros del país”, además ha propuesto un plebiscito para que los mexicanos decidan el futuro de la industria energética del país. En este punto coincide con López Obrador, el opositor de izquierda quien ha acusado a Peña Nieto de “traidor” y ha sumado adeptos a sus movilizaciones en la Ciudad de México a las que acuden miles de mexicanos que vitorean lemas en contra de la reforma energética. El opositor aumentó el martes pasado la presión sobre el tema al enviar al consejero delegado de la petrolera estadounidense Exxon Mobil, Rex W. Tillerson, una carta pidiéndole que no invierta en México porque los mexicanos no desean la apertura de la industria energética.
El Pacto por México contempla en siete puntos los cambios que los principales partidos políticos buscarían para lograr la reforma energética. Todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en establecer condiciones para que el Estado mantuviera la propiedad y el control de los hidrocarburos. También aceptaron diseñar una legislación para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y para maximizar la renta petrolera. Ante un panorama en el que la petrolera estatal ha acumulado pérdidas por 7.000 millones de dólares en los últimos nueves meses y ha reducido su producción un 30% desde 2004, el PAN ha empujado con mayor fuerza su propuesta para otorgar concesiones y licencias a los inversores interesados en el negocio energético. Para lograr los cambios en la Constitución, el PRI requiere del apoyo del PAN, ya que juntos reúnen las tres cuartas partes de los votos necesarios en el Congreso mexicano.
La administración de Peña Nieto ha negado las negociaciones con la derecha mexicana. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ha explicado que aunque Pemex requiere de una legislación flexible, aún “no hay un acuerdo cerrado en reforma energética con ninguna fuerza política”. La petrolera estatal, en cambio, se han mantenido al margen de la discusión argumentando que es un asunto entre partidos políticos. Mientras el director de Pemex, Emilio Lozoya, insiste en todos los foros sobre la reforma energética a los que ha acudido en los últimos meses, que la compañía necesita urgentemente una inversión importante para sobrevivir.
La última gran crisis del Pacto por México ocurrió apenas en octubre, cuando en la discusión de la reforma hacendaria el PRD negoció con el PRI por recursos para regiones gobernadas por la izquierda. El PAN acusó al resto de los partidos de hacer una simulación en el debate legislativo por ignorar sus propuestas y algunas facciones de la derecha propusieron abandonar el Pacto por México. Otro tropezón que tuvo el acuerdo fue en mayo, en la víspera de las elecciones locales y estatales cuando se conoció la existencia de redes electorales del PRI que utilizaban recursos públicos para incentivar el voto por su partido en el Estado de Veracruz. Los partidos también amenazaron con abandonar el Pacto. Entonces, Peña Nieto y los líderes de los principales partidos políticos añadieron un anexo al documento original en el que prometieron unas elecciones limpias.
A unos días de que el debate sobre la reforma energética comience en el Senado, las diferentes voces dentro de los partidos políticos también hacen tambalear su permanencia en el Pacto por México. La discusión de cada reforma ha enfrentado a las fuerzas internas dentro del PAN y el PRD, que no sólo miran hacia los resultados de cada negociación a la que acuden, sino a sus propios procesos internos de sucesión que se celebrarán el próximo año. En los últimos 11 meses, las reformas educativa, de telecomunicaciones, y fiscal han salido adelante y con resultados cercanos a los objetivos del presidente y su partido. La reforma energética será sin duda la prueba de fuego del Pacto por México.
ELPAIS
