La supremacía aérea militar es un foco de permanente desconfianza y recelo entre las fuerzas armadas de Centroamérica. Pese a los escenarios de creciente marginación social, los aparatos castrenses regionales siguen gastando en una constante carrera armamentista que en el siglo XX fue estimulada por la represión anticomunista y ahora es impulsada por el combate al crimen organizado.
Guatemala está a la espera de seis aviones Súper Tucano, de reconocimiento y combate, que compró a Brasil en 133 millones de dólares y en una operación que terminó de formalizar en abril pasado tras varios años de negociaciones. El Salvador pagó 8,5 millones de dólares a Chile por 10 aviones A-37 Dragonfly, fabricados en Estados Unidos y que el ejército chileno estaba en proceso de desechar porque fueron construidos hace más de 50 años. Honduras recibirá una donación de Estados Unidos de seis helicópteros que serán entregados en febrero de 2014, para la lucha contra el narcotráfico.
Valorados en 40 millones de dólares, seis helicópteros Súper Huey fueron donados el 7 de octubre anterior por Estados Unidos a Guatemala para el combate al narcotráfico. Rusia, que en los últimos años ha reactivado con intensidad su presencia castrense en América Latina y el Caribe, suministró dos helicópteros MI-171 a Nicaragua en 2009. En forma paralela, Moscú ha entregado una ayuda militar por más de 26,5 millones de dólares al Ejército de Nicaragua desde 2009.
Honduras anunció en junio de 2011 que, para combatir al narcotráfico en áreas profundas del mar Caribe y en sitios remotos de su territorio, pretendía adquirir helicópteros Bell 212 y aviones Caravan 208, de manufactura estadounidense, así como aeronaves brasileñas Súper Tucano. Todo era parte de un extenso pedido castrense que incluía radares, guardacostas y lanchas rápidas, entre otros equipos, pero que por dificultades financieras fue cancelado. Una fuente militar hondureña dijo a EL PAÍS que “de ese asunto no se ha hablado más”, ya que está congelado.
El Salvador suspendió o paralizó en febrero de 2011 una compra de 10 aviones Súper Tucano a Brasil, por aproximadamente 110 millones de dólares y con financiamiento foráneo. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, declaró que aunque tampoco desistía de la idea, la operación se posponía porque “hay problemas más apremiantes” en salud, educación y vivienda que renovar la flotilla aérea militar.
“Para tristeza de nuestros pueblos, cada día más los gobiernos de estos países pobres invierten hoy en armas de guerra, en lugar de invertir en educar, en alimentar, y en crear fuentes de empleo”, dijo la costarricense Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, una organización no estatal de San José.
“Centroamérica vivió en la década de 1980 una cruel guerra que nos dejó miles de muertos. Cuando alcanzamos los acuerdos de paz (en 1987), la apertura de espacios democráticos desgraciadamente no vino acompañada de un aumento en las oportunidades para nuestros pueblos. Centroamérica sigue siendo hoy una de las regiones más desiguales, pobres y violentas del mundo”, advirtió Barrantes, en una entrevista con este periódico. “En 25 años no hemos conseguido erradicar las causas que nos llevaron a esa guerra, que fueron justamente la pobreza y la desigualdad”, puntualizó.
“Lamentamos profundamente” el anuncio hecho por El Salvador el pasado 31 de octubre de que comprará los aeroplanos a Chile, que es la más reciente compra militar millonaria en el istmo, ya que se “hace una enorme inversión para nuestras economías en aviones militares”, comentó Barrantes.
En este panorama, Honduras protestó por la compra salvadoreña. En “estos movimientos armamentistas está la posibilidad de querer crear un escenario bélico e hipotético” en el Golfo de Fonseca, reclamó la canciller hondureña, Mireya Agüero, el pasado jueves, al ligar la adquisición de las aeronaves con un litigio entre Tegucigalpa y San Salvador por la posesión de una isla en esa zona sobre el litoral Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El caso, añadió, “lo hemos analizado como una abierta amenaza para la implementación” de una sentencia de 1992 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, acerca de la delimitación en Fonseca.
Sin embargo, la práctica es vieja en una zona en la que aunque Honduras ha ostentado la supremacía aérea regional, ha habido una permanente competencia por el predominio en los aires. Pese a que los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala se replegaron a sus cuarteles tras el proceso de pacificación regional—entre 1987 y 1996—y luego de mantener un intenso protagonismo político en el siglo XX, en los últimos años han retornado a las calles, en un proceso de remilitarización de las sociedades centroamericanas con el alegato de combatir al crimen organizado.
Si los militares guatemaltecos salen de compras para abastecer sus despensas bélicas y modernizar sus capacidades de ataque y defensa, sus vecinos salvadoreños y hondureños reaccionan con recelo y desconfianza. Y si son los hondureños, sus vecinos nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños responden con inquietud. Igual sucede si son los salvadoreños o los nicaragüenses.
El control aéreo militar de Centroamérica siempre ha estado en disputa, como parte del equilibrio de las fuerzas armadas frente a la potencia de tropas de infantería y de fuego antiaéreo de cada país. En el decenio de 1980, en medio de las guerras en el istmo entre guerrillas izquierdistas respaldadas por Cuba y la entonces Unión Soviética y ejércitos apoyados por Estados Unidos, como reflejo de la pugna comunismo versus comunismo, Moscú entregó 60 helicópteros MI-8, MI-17, MI-24 y MI-25 a Managua, pero bajo la amenaza de Washington de que se abstuviera de enviar aviones de combate.
La Fuerza Aérea hondureña se convirtió en la segunda mitad del siglo XX, y con apoyo de la Casa Blanca, en símbolo del poder castrense de Honduras y obtuvo la supremacía aérea como factor clave del equilibrio militar regional. Los hondureños recibió seis aviones Embraer T-27 Tucanos, de Brasil, y 12 aviones supersónicos F-5, de Estados Unidos, entre otros.
En una región en la que la tasa de homicidios ha llegado en algunas etapas a 44 por cada 100 mil habitantes, para convertirse en la más alta del mundo (11 veces superior que el promedio internacional), el gasto en seguridad de Centroamérica alcanzó 4.000 millones de dólares en 2010. Costa Rica abolió su ejército en 1948 y Panamá en 1992 y disponen de policías civiles para su seguridad interna, pero también destinan millonarios recursos en su seguridad pese a las carencias sociales.
Por su cercanía geográfica con las bases de producción de cocaína en Colombia y con los enormes centros de consumo de estupefacientes en Estados Unidos, Centroamérica se convirtió en los últimos 20 años en el principal pasillo del narcotráfico para transportar drogas por sus vulnerables fronteras terrestres, marítimas y aéreas hacia México, en ruta al mercado estadounidense.
El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, acantonado en Florida, calcula que entre el 80% y el 90% de la cocaína que ingresa a esa nación se transporta por mar, empleando rutas costeras, terrestres y aéreas de Centroamérica y en un corredor entre México y Colombia por los dos litorales.
EL PAIS
