Los pesos pesados de la industria maquilera mexicana pasaron en vela la madrugada del 30 de octubre. Esa noche en el Senado trataban de convencer a los legisladores de que votaran en contra del apartado de la reforma hacendaria que, según ellos, puede hundir una industria asentada en su mayoría en la frontera con Estados Unidos. Sus esfuerzos fueron en balde.
La reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto salió adelante. Los empresarios perderán a partir del próximo enero las exenciones fiscales de las que gozan. En resumen, pagarán más impuestos y eso los tiene soliviantados. Hay quien avala, por contra, las tesis del Gobierno. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) publicado en agosto sugirió evaluar su régimen especial porque algunas concesiones eran demasiado generosas y subrayaba que la relación mexicana entre costo y competitividad había mejorado, por lo que la zona iba a seguir siendo atractiva para inversores extranjeros.
Las maquiladoras son uno de los motores de la economía del país, de ahí la importancia del ajuste. Las más de 5.100 fábricas existentes representan el 17% del PIB, según el Inegi, el instituto de estadística mexicano, y dan trabajo a 2,3 millones de personas. El Index, el consejo nacional que las agrupa, asegura que desde que se conoció la subida de impuestos hay parados 140 proyectos de inversión extranjera que moverían un capital de 2.500 millones de dólares.
Dada las cifras que maneja el sector, los empresarios sienten que perturbar el ecosistema de una industria que genera tanto empleo y que trabaja con márgenes de beneficio muy pequeños (importan materia prima y exportan productos acabados) se puede considerar un gesto antipatriótico. Solo en Ciudad Juárez peligran 13.000 empleos, de acuerdo a sus estimaciones.
"Esos cambios van a tener un efecto devastador en la economía del norte", dice Federico Serrano Bañuelos, presidente de las maquiladoras y exportadoras de Tijuana y vicepresidente de Index. Serrano Bañuelos nos atiende por teléfono desde Guadalajara, donde se celebró la semana pasada la reunión nacional del sector. Al otro lado de la línea no se escuchaba el alboroto que suele acompañar a este tipo de reuniones. No estaban para fiestas.
Pregunta. Intentaron hasta última hora convencer a los senadores pero sus gestiones no dieron resultado.
Respuesta. Los legisladores antepusieron los intereses políticos a los de la ciudadanía. Demostraron que no conocen esta industria que da empleo a tanta gente de forma directa o indirecta. Ahora mismo vivimos una incertidumbre fiscal y jurídica.
P. Se han reunido en muchas ocasiones con miembros del Gobierno y tampoco lograron convencerles. La reforma ya está aprobada. ¿Qué más pueden hacer?
R. Hemos venido hablando con el Gobierno federal desde el año pasado, incluso antes de que entrara este gabinete (tomó posesión en diciembre de 2012 tras seis años de mandato del derechista Felipe Calderón). Continuamos negociando, cabildeando, los números nos dan la razón. Hablan por sí solos. Ya está aprobada la ley pero podemos buscar nuevas opciones. El Gobierno nos está escuchando, existen posibilidades todavía.
P. ¿Tienen un plan b?
R. No exactamente. Tenemos que establecer las condiciones para mitigar el impacto que pueda tener la reforma. Eso lo tenemos que hacer entre todos por el bien de este país. Nosotros nos abocamos a mantener el empleo y la competitividad.
P. El argumento de los políticos que votaron a favor (PRI y PRD, la izquierda) es que los impuestos que se ahorran ustedes, los empresarios, van a parar a sus bolsillos. En cambio la nueva recaudación puede revertir en el ciudadano.
R. Eso es falso. ¿Qué datos tienen? Que los muestren. Nosotros dialogamos con datos duros. Demostramos que generamos empleo, invertimos en universidades técnicas y apoyamos programas sociales. Ni el turismo ni las remesas mueven más dinero que esta industria. Solo estamos por detrás del petróleo.
P. Luis Alberto Aguirre Lang, presidente de Index, advirtió que los trabajadores pueden ser los grandes perjudicados de todo esto. Podrían perder prestaciones como bonos de productividad, puntualidad o asistencia que no son obligatorios por ley.
R. La industria maquilera paga bien a sus trabajadores. No puedo darle un dato exacto porque varía dependiendo del giro y la empresa.
P. ¿Qué otras opciones tenía el Gobierno?
R. Pelear contra la informalidad de verdad. No le cargues más impuestos al ingreso. Fomenta el consumo, con el consumo se reactiva la economía. Tienen que conseguir que contribuya todo el mundo, hasta el chiclero de la esquina. Hay cuatro premisas para llevar adelante una reforma: promover la inversión y el empleo; incrementar la base de contribuyentes, reducir el gasto público y premiar la autonomía financiera de las regiones. No se cumple ninguna.
P. Teme que las empresas internacionales se vayan a otros países con una carga impositiva menor. No existen indicios que avalen esa idea. Parece más bien una amenaza.
R. ¡Claro que sí! Esto afecta a la competitividad del país. Países como Brasil, Costa Rica, Tailandia o China se están frotando las manos. En un estudio de KPMG (competitividad fiscal internacional de la industria maquiladora) queda de manifiesto que cualquier desventaja puede ser aprovechada por los competidores. Nos manejamos en una economía global con mucha competencia.
P. Antes de la aprobación de la reforma hubo fábricas que pararon durante algunas horas en señal de protesta. Parecía que el asunto iba a ir más pero no se ha concretado nada.
R. La huelga no se puede generalizar.
P. En teoría sí.
R. Me refiero a que como organismo representante del sector no podemos promoverla. Cada empresa toma las instancias jurídicas que más le convenga. No hay tal, tenemos que respetar los plazos.
P. Tampoco han visto con buenos ojos la homologación del IVA. ¿Por qué tienen que tener las ciudades fronterizas un régimen especial al del resto de los mexicanos?
R. Porque competimos con un monstruo como EE UU y existe la fuga de consumidores. Si al otro lado de la frontera las cosas son más baratas la gente va a ir a comprar allá. El 53% de los ciudadanos de Tijuana tienen visa, pueden ir y venir fácilmente. ¿Por qué en vez de subirlo no se iguala con el de las ciudades con las que competimos? (En Texas es del 8.25, en Nuevo México del 6.75)
P. Allí viven problemas de inseguridad y desestructuración social. ¿Agitar el entorno económico puede empeorar la situación?
R. Es ponerle limón a la herida. Esta industria es la fuente de trabajo de la frontera. Quitarle el pan a una persona es peligroso. Eso les puede llevar a delinquir. EL PAIS
