El Ministerio Público imputó a los gerentes operativo y de ventas de la comercializadora Daka, Carlos Dávila Rodríguez y César León Arismendi, por estar presuntamente vinculados en el remarcaje de precios y cobro excesivo de artículos electrodomésticos que expende ese local, ubicado en la autopista Coro – Punto Fijo, estado Falcón.
Dicha mercancía habría sido adquirida con dólares a precio oficial.
En la audiencia de presentación, las fiscales 22º nacional y 6º de Falcón, Raiza Sifontes y Grisset Vivien, respectivamente, imputaron a los gerentes de Daka por presuntamente ser cómplices necesarios el delito de usura genérica, en grado de continuidad, establecido en el artículo 144 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
El delito de usura podría ser sancionado con prisión de uno a tres años.
Dávila Rodríguez y León Arismendi fueron presentados ante el Tribunal 1° de Control de Falcón, el cual dictó medidas cautelares consistentes en la presentación periódica cada 21 días ante esa instancia judicial y prohibición de salida del país.
De acuerdo con la investigación, el pasado viernes 08 de noviembre una comisión integrada por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y de la Comisión de Administración de Divisas, realizaron una inspección en el mencionado establecimiento comercial.
Durante la fiscalización, los funcionarios detectaron una serie de irregularidades en los precios que tenían los artefactos electrodomésticos, motivo por el que se notificó al Ministerio Público de esa situación.
Una vez constatado el hecho, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron en el establecimiento comercial y aprehendieron a los gerentes.
Dicha mercancía habría sido adquirida con dólares a precio oficial.
En la audiencia de presentación, las fiscales 22º nacional y 6º de Falcón, Raiza Sifontes y Grisset Vivien, respectivamente, imputaron a los gerentes de Daka por presuntamente ser cómplices necesarios el delito de usura genérica, en grado de continuidad, establecido en el artículo 144 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
El delito de usura podría ser sancionado con prisión de uno a tres años.
Dávila Rodríguez y León Arismendi fueron presentados ante el Tribunal 1° de Control de Falcón, el cual dictó medidas cautelares consistentes en la presentación periódica cada 21 días ante esa instancia judicial y prohibición de salida del país.
De acuerdo con la investigación, el pasado viernes 08 de noviembre una comisión integrada por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y de la Comisión de Administración de Divisas, realizaron una inspección en el mencionado establecimiento comercial.
Durante la fiscalización, los funcionarios detectaron una serie de irregularidades en los precios que tenían los artefactos electrodomésticos, motivo por el que se notificó al Ministerio Público de esa situación.
Una vez constatado el hecho, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron en el establecimiento comercial y aprehendieron a los gerentes.
