Noviembre será un mes determinante para calibrar los esfuerzos de Suiza, uno de los baluartes del secreto bancario, en subirse al tren de las nuevas normas internacionales contra la evasión de impuestos y los flujos de dinero ilícito. La OCDE publicará a final de mes una nueva clasificación de países según sea su política contra la opacidad financiera, una fotografía que amenaza con dejar en mal lugar a Berna. El Ejecutivo suizo se había planteado incluso autorizar en determinados casos la colaboración con otros países a partir de datos robados de cuentas bancarias suizas. Pero las divergencias en el seno del Consejo Federal han frustrado el proyecto al poco de echar a andar.
Los datos robados por empleados de bancos suizos, y puestos a disposición de las autoridades de EE UU y varios países europeos, han permitido descubrir a miles de evasores fiscales y han desencadenado acciones judiciales, sanciones y regularizaciones multimillonarias. En estos casos —la lista suministrada por el informático Hervé Falciani o los CD vendidos a länders alemanes son los más notorios—, Suiza se negaba en redondo a colaborar con las peticiones de colaboración de otros países, pero el Ministerio de Finanzas había abierto la puerta a algunas excepciones, tal y como informó a un grupo de periodistas españoles en un viaje organizado por el Ejecutivo suizo.
El Ministerio de Finanzas suizo pretendía facilitar esa colaboración en el caso de países que hubiesen logrado los datos robados de “forma pasiva”, es decir a través de los convenios bilaterales que promueven el intercambio de datos. Fue así como, por ejemplo, España tuvo acceso a la lista Falciani, suministrada en este caso por Francia.
El Consejo Federal, formado por siete miembros de cinco partidos distintos, cerró de golpe esa puerta a mediados de octubre. Como detalló el diario Le Temps, el Ejecutivo suizo “tuvo que dar marcha atrás ante las críticas de los partidos conservadores, del Tribunal Administrativo Federal y de las asociaciones económicas y bancarias”.
Berna sí ha avanzado en algunas de las cuestiones que la OCDE reclama para dar el visto bueno al grado de adaptación legal a las nuevas reglas internacionales, un umbral mínimo que solo Suiza y otras 13 jurisdicciones no han traspasado aún. Pero no está claro si el ritmo de avance es suficiente. En las últimas semanas, el Ejecutivo suizo ha forjado un compromiso para acelerar la revisión de la ley de colaboración fiscal. Una revisión que incluye las excepciones requeridas por la OCDE a la norma que obliga a advertir al cliente cuyos datos bancarios se quieren investigar.
Además, la OCDE quiere que Suiza eleve de forma sustancial el número de convenios bilaterales de intercambio de datos firmados hasta ahora (unos 40) y que acelere también la regulación para limitar el uso de las acciones al portador, que dificulta enormemente conocer quién es el dueño real de los títulos. A favor de la posición suiza pesará que acaba de firmar la convención multilateral de asistencia administrativa recíproca, que promueve la OCDE, aunque el referendo parlamentario puede demorarse más de un año
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