Después de 11 años de litigio, 8 jueces y un Amparo Constitucional, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Miranda declaró con lugar la demanda realizada contra la Promotora Casarapa por vecinas y vecinos de la Urbanización Terrazas del Este, en Guarenas. Las y los habitantes recurrieron a la justicia debido a la deficiente construcción de dos edificios, que ponen en peligro la vida de 32 familias.
El tribunal mirandino, a cargo del juez Héctor del Valle Centeno Guzmán, dictaminó con lugar la demanda realizada por Miguel Correa debido a la ubicación de vicios ocultos en la construcción del bloque de viviendas. La decisión es del 15 de febrero de 2011. Debido a esta sentencia, además de la indemnización económica, la empresa está obligada a construir nuevos apartamentos y reubicar a las 32 familias que fueron afectadas por la mala construcción de los apartamentos.
Uno de los beneficiarios por la sentencia del tribunal mirandino, Miguel Correa, explicó que con la premura de levantar el urbanismo para cobrar rápidamente, los constructores obviaron los informes topográficos en los cuales se especifica la existencia de una falla geológica.
"Los dos edificios se levantaron justamente aquí, donde está la falla. El peso del edificio y lo inestable del terreno provocó un movimiento que debilitó las bases y nos pone en peligro", informó el vecino.
Trampas y Triquiñuelas
Sobre el caso y el juicio, Correa explicó que la lucha contra la batería de abogados y las artimañas de la empresa no fue fácil. Incluso, relató que se vio en la obligación de recusar a jueces en varias oportunidades por supuestos acuerdos con la empresa.
"A veces era el día del juicio y el expediente desaparecía, o los jueces dejaban hablar sin imponer orden a los abogados de la promotora", recordó.
Agregó que, en otras oportunidades, los abogados les decían que en el urbanismo no estaba pasando nada, y que dejara eso así "porque en el país nunca una constructora había perdido un caso y ellos no tenían porque reubicarlos", rememoró.
"La perseverancia dio frutos y, con este caso, se crea un precedente en la lucha del pueblo contra las empresas constructoras que se valen de la necesidad del pueblo para estafarlos y sacar provecho de la situación", dijo Correa.
Este ciudadano animó a las personas, quienes también son afectadas por este tipo de situaciones para que continúen luchando, porque la justicia llega.
"Ahora puedo afirmar que esta lucha sí tiene quien la respalde. Ahí en el Palacio de Miraflores hay un líder que realmente se preocupa por los intereses de los venezolanos. En los gobiernos de la Cuarta República (1958-1998) esta decisión del tribunal hubiese sido imposible", concluyó
El equipo del Correo del Orinoco pudo constatar que las edificaciones estaban desplazadas de su lugar original, por la separación de sus bases con las aceras. En otras partes de las edificaciones se observaron columnas curvadas por el peso, así como la fractura de varias losas de concreto que separan los pisos.
(Correo del Orinoco)
El tribunal mirandino, a cargo del juez Héctor del Valle Centeno Guzmán, dictaminó con lugar la demanda realizada por Miguel Correa debido a la ubicación de vicios ocultos en la construcción del bloque de viviendas. La decisión es del 15 de febrero de 2011. Debido a esta sentencia, además de la indemnización económica, la empresa está obligada a construir nuevos apartamentos y reubicar a las 32 familias que fueron afectadas por la mala construcción de los apartamentos.
Uno de los beneficiarios por la sentencia del tribunal mirandino, Miguel Correa, explicó que con la premura de levantar el urbanismo para cobrar rápidamente, los constructores obviaron los informes topográficos en los cuales se especifica la existencia de una falla geológica.
"Los dos edificios se levantaron justamente aquí, donde está la falla. El peso del edificio y lo inestable del terreno provocó un movimiento que debilitó las bases y nos pone en peligro", informó el vecino.
Trampas y Triquiñuelas
Sobre el caso y el juicio, Correa explicó que la lucha contra la batería de abogados y las artimañas de la empresa no fue fácil. Incluso, relató que se vio en la obligación de recusar a jueces en varias oportunidades por supuestos acuerdos con la empresa.
"A veces era el día del juicio y el expediente desaparecía, o los jueces dejaban hablar sin imponer orden a los abogados de la promotora", recordó.
Agregó que, en otras oportunidades, los abogados les decían que en el urbanismo no estaba pasando nada, y que dejara eso así "porque en el país nunca una constructora había perdido un caso y ellos no tenían porque reubicarlos", rememoró.
"La perseverancia dio frutos y, con este caso, se crea un precedente en la lucha del pueblo contra las empresas constructoras que se valen de la necesidad del pueblo para estafarlos y sacar provecho de la situación", dijo Correa.
Este ciudadano animó a las personas, quienes también son afectadas por este tipo de situaciones para que continúen luchando, porque la justicia llega.
"Ahora puedo afirmar que esta lucha sí tiene quien la respalde. Ahí en el Palacio de Miraflores hay un líder que realmente se preocupa por los intereses de los venezolanos. En los gobiernos de la Cuarta República (1958-1998) esta decisión del tribunal hubiese sido imposible", concluyó
El equipo del Correo del Orinoco pudo constatar que las edificaciones estaban desplazadas de su lugar original, por la separación de sus bases con las aceras. En otras partes de las edificaciones se observaron columnas curvadas por el peso, así como la fractura de varias losas de concreto que separan los pisos.
(Correo del Orinoco)
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