Concluyó la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso Leopoldo López. Las partes presentaron sus alegatos finales. El Estado aseguró que no se habrían violado los derechos del dirigente político; mientras que el abogado de López, Henrique Sánchez Falcón, informó que pidieron a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a la Convención Americana de DDHH.
"Pedimos a la Corte que declare la responsabilidad del Estado venezolano por violaciones al artículo 23 de la Convención. Adicionalmente, se le solicitó que restituya los derechos políticos de Leopoldo López, ordenándole al Estado que deje sin efecto las medidas dictadas por el Contralor y, al mismo tiempo, ordene al Consejo Nacional Electoral (CNE) que permita la habilitación de Leopoldo López", informó Sánchez Falcón.
Asimismo, el abogado indicó que esperan se le ordene al Estado venezolano sea reformulado el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría contraria a la Convención y "armonice la legislación venezolana respecto a los derechos políticos".
Otro de los abogados de López, José Antonio Maez, señló que tanto el martes como el miércoles fueron escuchados por jueces imparciales. "Indicamos que es una inhabilitación política. Así lo ratifica un acto hecho por el CNE", dijo.
Maez destacó que el caso es jurídicamente sencillo y que es obvio que el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russian, no dicta sentencias penales.
"Pedimos a la Corte que declare la responsabilidad del Estado venezolano por violaciones al artículo 23 de la Convención. Adicionalmente, se le solicitó que restituya los derechos políticos de Leopoldo López, ordenándole al Estado que deje sin efecto las medidas dictadas por el Contralor y, al mismo tiempo, ordene al Consejo Nacional Electoral (CNE) que permita la habilitación de Leopoldo López", informó Sánchez Falcón.
Asimismo, el abogado indicó que esperan se le ordene al Estado venezolano sea reformulado el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría contraria a la Convención y "armonice la legislación venezolana respecto a los derechos políticos".
Otro de los abogados de López, José Antonio Maez, señló que tanto el martes como el miércoles fueron escuchados por jueces imparciales. "Indicamos que es una inhabilitación política. Así lo ratifica un acto hecho por el CNE", dijo.
Maez destacó que el caso es jurídicamente sencillo y que es obvio que el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russian, no dicta sentencias penales.
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