Las regiones españolas de Aragón y Andalucía tienen en su territorio casi la mitad de las 2.246 fosas localizadas hasta la fecha y en las que fueron sepultadas miles de víctimas de la Guerra Civil que enfrentó entre 1936 y 1939 a los bandos republicano y nacional.
En Aragón han sido inventariadas hasta el momento 594 fosas y en Andalucía 492, según los datos recogidos en el "Mapa de fosas", elaborado con datos recopilados con la ayuda de las distintas comunidades y las asociaciones de víctimas y publicado hoy en Internet por el Gobierno en la página web sobre la Memoria Histórica (www.memoriahistorica.gob.es).
En este catálogo aparecen todas las fosas de las que tiene constancia la Oficina de víctimas: las exhumadas, las que sólo lo han sido parcialmente, las que contenían cuerpos que fueron trasladados en su día al Valle de los Caídos, las que han desaparecido porque sobre ellas se ha construido algún tipo de infraestructura y las que todavía no han sido tocadas.
Por el número de fosas, después de Aragón y Andalucía están Asturias, con 320; Castilla y León, con 187; Cataluña, con 151; Castilla-La Mancha, con 139; el País Vasco, con 92, la región de Valencia, con 85; la de Madrid, con 51, o Extremadura y Galicia, ambas con 46 fosas.
El "mapa" publicado en Internet dispone de varias herramientas para facilitar a los usuarios la localización de los enterramientos y de las víctimas, como un mapa geográfico de España donde están señalizadas mediante distintos colores las fosas y los estudios realizados sobre ellas.
La página ofrece información exhaustiva sobre el origen del enterramiento, su descripción y su evolución e historia, así como el número de víctimas; aparecen igualmente los nombres, apellidos, sexo y edad de las personas sepultadas.
Además del mapa de fosas, la página ofrece información sobre los archivos públicos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura (1939-1974) de Francisco Franco y sobre las prestaciones y pensiones a las que tienen derecho estas víctimas y a sus familiares.
La web recoge las actividades vinculadas a la recuperación de la memoria histórica que pueden ser subvencionadas, las declaraciones de reparación y reconocimiento personal, que ya han recibido 950 personas, y la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales.
El Gobierno hace también balance de los 570 símbolos o vestigios franquistas que ya han sido retirados de los edificios públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa (400), en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Esta Ley, de 2007, responde a la promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en marzo de 2004, tras su llegada al poder, anunció su intención de "reparar la dignidad y restituir la memoria" de aquellos que sufrieron cárcel, represión y muerte por defender unos valores y unas ideas determinadas.
La Ley de la Memoria Histórica condena la dictadura de Franco, fija medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y ordena la retirada de los símbolos franquistas en calles y edificios.
También ampara a las víctimas de persecución o violencia, prevé indemnizaciones en favor de quienes perdieron la vida en defensa de la democracia y amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes la perdieron debido al exilio. EFE
En Aragón han sido inventariadas hasta el momento 594 fosas y en Andalucía 492, según los datos recogidos en el "Mapa de fosas", elaborado con datos recopilados con la ayuda de las distintas comunidades y las asociaciones de víctimas y publicado hoy en Internet por el Gobierno en la página web sobre la Memoria Histórica (www.memoriahistorica.gob.es).
En este catálogo aparecen todas las fosas de las que tiene constancia la Oficina de víctimas: las exhumadas, las que sólo lo han sido parcialmente, las que contenían cuerpos que fueron trasladados en su día al Valle de los Caídos, las que han desaparecido porque sobre ellas se ha construido algún tipo de infraestructura y las que todavía no han sido tocadas.
Por el número de fosas, después de Aragón y Andalucía están Asturias, con 320; Castilla y León, con 187; Cataluña, con 151; Castilla-La Mancha, con 139; el País Vasco, con 92, la región de Valencia, con 85; la de Madrid, con 51, o Extremadura y Galicia, ambas con 46 fosas.
El "mapa" publicado en Internet dispone de varias herramientas para facilitar a los usuarios la localización de los enterramientos y de las víctimas, como un mapa geográfico de España donde están señalizadas mediante distintos colores las fosas y los estudios realizados sobre ellas.
La página ofrece información exhaustiva sobre el origen del enterramiento, su descripción y su evolución e historia, así como el número de víctimas; aparecen igualmente los nombres, apellidos, sexo y edad de las personas sepultadas.
Además del mapa de fosas, la página ofrece información sobre los archivos públicos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura (1939-1974) de Francisco Franco y sobre las prestaciones y pensiones a las que tienen derecho estas víctimas y a sus familiares.
La web recoge las actividades vinculadas a la recuperación de la memoria histórica que pueden ser subvencionadas, las declaraciones de reparación y reconocimiento personal, que ya han recibido 950 personas, y la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales.
El Gobierno hace también balance de los 570 símbolos o vestigios franquistas que ya han sido retirados de los edificios públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa (400), en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Esta Ley, de 2007, responde a la promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en marzo de 2004, tras su llegada al poder, anunció su intención de "reparar la dignidad y restituir la memoria" de aquellos que sufrieron cárcel, represión y muerte por defender unos valores y unas ideas determinadas.
La Ley de la Memoria Histórica condena la dictadura de Franco, fija medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y ordena la retirada de los símbolos franquistas en calles y edificios.
También ampara a las víctimas de persecución o violencia, prevé indemnizaciones en favor de quienes perdieron la vida en defensa de la democracia y amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes la perdieron debido al exilio. EFE
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