Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, afirmó que a ella y a los periodistas Nelson Bocaranda, Marianela Salazar y Patricia Poleo se les ha imputado públicamente de tres presuntos delitos en un informe de inteligencia del medio de comunicación del Comando Estratégico Operacional del Estado (CEO).
Se trataría de la primera edición de la publicación oficial Ámbito Cívico Militar del CEO. Según San Miguel, allí hay un artículo supuestamente redactado por el General en Jefe Henry Rangel Silva, donde “aparece lo que es clásicamente conocido como un informe de inteligencia que desarrolla, bajo el título ‘La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la mira’, toda una serie de consideraciones que parten del supuesto de un plan de desestabilización” en el que involucran a los periodistas mencionados y a San Miguel quienes quedarían como “objetivos militares”. Las acusaciones incluyen tres artículos cuya media de imputabilidad oscila entre 25 y 30 años de cárcel.
La directiva de Control Ciudadano destacó que “esta es una práctica que llama la atención, porque si bien habíamos visto elementos de difamación desde órgamos públicos, como Venezolana de Televisión en el pasado, esto tiene la novedad de ser distribuido a través de un medio oficial de la Fuerza Armada Nacional, el medio divulgativo del CEO con lo cual somos objetivo militar para este órgano”.
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