El diputado César Rincones aseguró –en nombre de la Unidad Democrática– que castigar el consumo de energía con multas o penalizaciones no es sino una forma disfrazada de elevar las tarifas a los usuarios que disponen de un medidor de consumo, y que cancelan su factura. Acotó que esta medida, “en caso de que fuera posible”, no contribuirá de manera significativa a que la demanda baje durante las horas pico.
“Estos consumidores, si son del interior del país, resultarán doblemente castigados: con aumento de la tarifa y con racionamientos frecuentes; la forma más drástica y dañina de reducir el déficit de generación y transmisión de energía eléctrica en el país”, dijo.
Rincones informó que, a diferencia de lo que ocurrió durante la emergencia eléctrica de 2010, este año El Guri se encuentra lleno, pero que su potencial energético no puede ser plenamente aprovechado en el resto del país –y tampoco por las empresas básicas en Guayana–, debido a la insuficiencia del sistema de transmisión de alta tensión (765 y 400 Kv).
“Hoy en Guri se desperdicia agua -energía- por los aliviaderos, y en el país se raciona y se producen apagones todos los días. La alta indisponibilidad de las plantas existentes en el Centro y Occidente –que Corpoelec no logra resolver–, y la demora –inexplicable– en la entrada en operación de las nuevas plantas térmicas, hace que los centros de consumo del Centro y Occidente del país dependan de la energía proveniente de Guayana, razón por la cual el sistema interconectado ha venido sobrecargándose y superando los niveles de seguridad, que generan una gran vulnerabilidad e inestabilidad del sistema”, explicó el vocero de la Unidad Democrática.
Rincones alertó que la capacidad de generación y de transmisión es deficitaria con respecto a la demanda y que cualquier contingencia puede producir interrupciones del servicio.
Por otra parte, consideró que las disposiciones que obligan a las empresas y organismos públicos y privados con cargas concentradas mayores a 100 Kva a incorporar plantas de autogeneración (antes del 31 de diciembre del 2011) es “otra evidencia de la improvisación e ignorancia con que ha actuado el Gobierno”.
“Resulta un disparate porque además de ser una medida ineficiente y costosa, ya que desaparecen las economías de escala de un sistema interconectado, y estar diseñadas para situaciones de emergencia, comportan riesgos en materia de seguridad y ambientales por el tema del almacenamiento y transporte de los combustibles a los edificios, suponiendo que existiera la capacidad para producir y transportar la cantidad de combustible que se requerirá para ponerlas en operación. En la práctica, esta medida constituye un estímulo a que sigamos consumiendo gasolina y diesel, ya escasos, y dejemos de exportarlos a precios de mercado internacional”, advirtió.
Para Rincones, muchas de las medidas para reducir el consumo no serán de fácil aplicación porque, a su juicio, Corpoelec no está preparada para ponerlas en práctica y tampoco lo están las empresas y usuarios residenciales: “Las políticas de ahorro y eficiencia energética, que
deberían ser permanentes, y no coyunturales, requieren un esfuerzo integral de largo plazo, que implican cambios en normas técnicas de viviendas, locales e industrias, de los equipos industriales y domésticos, campañas de acompañamiento a las empresas y consumidores, cambios tarifarios y campañas educativas”.
No obstante, manifestó en nombre de la Mesa de Unidad Democrática estar seguro de que estas penalizaciones y restricciones causarán “muchísimas molestias adicionales a las que ya causan los racionamientos cotidianos y apagones que sufren la mayor parte de los venezolanos por culpa de un gobierno incapaz que lleva doce años de promesas incumplidas y de fracasos”.
“Estos consumidores, si son del interior del país, resultarán doblemente castigados: con aumento de la tarifa y con racionamientos frecuentes; la forma más drástica y dañina de reducir el déficit de generación y transmisión de energía eléctrica en el país”, dijo.
Rincones informó que, a diferencia de lo que ocurrió durante la emergencia eléctrica de 2010, este año El Guri se encuentra lleno, pero que su potencial energético no puede ser plenamente aprovechado en el resto del país –y tampoco por las empresas básicas en Guayana–, debido a la insuficiencia del sistema de transmisión de alta tensión (765 y 400 Kv).
“Hoy en Guri se desperdicia agua -energía- por los aliviaderos, y en el país se raciona y se producen apagones todos los días. La alta indisponibilidad de las plantas existentes en el Centro y Occidente –que Corpoelec no logra resolver–, y la demora –inexplicable– en la entrada en operación de las nuevas plantas térmicas, hace que los centros de consumo del Centro y Occidente del país dependan de la energía proveniente de Guayana, razón por la cual el sistema interconectado ha venido sobrecargándose y superando los niveles de seguridad, que generan una gran vulnerabilidad e inestabilidad del sistema”, explicó el vocero de la Unidad Democrática.
Rincones alertó que la capacidad de generación y de transmisión es deficitaria con respecto a la demanda y que cualquier contingencia puede producir interrupciones del servicio.
Por otra parte, consideró que las disposiciones que obligan a las empresas y organismos públicos y privados con cargas concentradas mayores a 100 Kva a incorporar plantas de autogeneración (antes del 31 de diciembre del 2011) es “otra evidencia de la improvisación e ignorancia con que ha actuado el Gobierno”.
“Resulta un disparate porque además de ser una medida ineficiente y costosa, ya que desaparecen las economías de escala de un sistema interconectado, y estar diseñadas para situaciones de emergencia, comportan riesgos en materia de seguridad y ambientales por el tema del almacenamiento y transporte de los combustibles a los edificios, suponiendo que existiera la capacidad para producir y transportar la cantidad de combustible que se requerirá para ponerlas en operación. En la práctica, esta medida constituye un estímulo a que sigamos consumiendo gasolina y diesel, ya escasos, y dejemos de exportarlos a precios de mercado internacional”, advirtió.
Para Rincones, muchas de las medidas para reducir el consumo no serán de fácil aplicación porque, a su juicio, Corpoelec no está preparada para ponerlas en práctica y tampoco lo están las empresas y usuarios residenciales: “Las políticas de ahorro y eficiencia energética, que
deberían ser permanentes, y no coyunturales, requieren un esfuerzo integral de largo plazo, que implican cambios en normas técnicas de viviendas, locales e industrias, de los equipos industriales y domésticos, campañas de acompañamiento a las empresas y consumidores, cambios tarifarios y campañas educativas”.
No obstante, manifestó en nombre de la Mesa de Unidad Democrática estar seguro de que estas penalizaciones y restricciones causarán “muchísimas molestias adicionales a las que ya causan los racionamientos cotidianos y apagones que sufren la mayor parte de los venezolanos por culpa de un gobierno incapaz que lleva doce años de promesas incumplidas y de fracasos”.
