La asociación mexicana de casinos defendió hoy la legalidad de las empresas del sector tras el incendio premeditado de uno de esos negocios en Monterrey que causó la muerte de 52 personas, al tiempo que el estado de Nuevo León aseguró que no quiere más casinos en su territorio.
La Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (Aieja) indicó en un comunicado que lamenta "profundamente" el ataque contra el Casino Royale de Monterrey, capital de Nuevo León.
Un grupo de criminales, presuntamente vinculados con el cartel de Los Zetas, incendió a plena luz del día ese casino con la idea de amedrentar a sus propietarios, que se habían negado a pagar una extorsión, lo que provocó una de las peores matanzas en la historia reciente del país.
Tras el incendio, las autoridades de algunos estados mexicanos han clausurado varios casinos, y se ha revelado que muchos de estos establecimientos operan de modo irregular -algunos amparados por controvertidas decisiones judiciales-, y carecen de medidas básicas de protección civil.
Una empresa afectada por esta cruzada ha sido la española Codere, que el pasado día 16 anunció la compra de una firma local de casinos, y ya ha sufrido el cierre de cinco de sus establecimientos marca "Yak", recientemente adquiridos.
La Aieja se solidarizó con las familias de las víctimas, y aseguró que se suma a los esfuerzos del Gobierno "en su lucha contra el crimen organizado y el combate a la ilegalidad".
"Somos una industria comprometida con la legalidad, el esparcimiento y el desarrollo de nuestro país", la cual genera más de 40.000 empleos directos y 120.000 indirectos, atrae inversión extranjera, y paga impuestos, aseveró la asociación.
"Repudiamos la violencia y solicitamos a las autoridades que unamos esfuerzos para combatir la ilegalidad" que "lacera" al país, agregó el organismo.
Por su parte, Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, afirmó hoy en una conferencia de prensa que esa región "no quiere más casinos".
"Nos aseguraremos que los que ya operan lo hagan de manera clara", señaló el mandatario local, antes de suscribir un conjunto de iniciativas de ley que buscan prohibir la instalación de nuevos casinos en Nuevo León, para lo cual deberá modificar la Constitución de ese estado mexicano y reformar varias normas.
Adicionalmente, manifestó que buscará que el Congreso federal promueva un cambio en las leyes de juegos y sorteos, para que las autorizaciones que el Gobierno otorga a los casinos para que puedan operar sean aprobadas primero por las autoridades locales, lo que no ocurre en la actualidad.
En tanto, el periódico Reforma reveló hoy unas imágenes tomadas por cámaras de seguridad de tres casinos, en las que se ve a Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, recibiendo fajos de billetes en varios centros de apuestas.
Uno de los vídeos está fechado el pasado 19 de agosto, apenas seis días antes del ataque contra el Casino Royale.
Después de la difusión de las fotografías, el alcalde dijo que pedirá que la fiscalía de Nuevo León investigue a su hermano "y si tiene una responsabilidad que sea llevado a la Justicia como cualquier persona".
Los propietarios de varios casinos de Nuevo León se han quejado de que son víctimas de extorsiones del crimen organizado y también de las autoridades, que los amenazan con cerrar sus establecimientos.
Varios casinos de Monterrey han sido atacados por delincuentes en los últimos meses.
La Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (Aieja) indicó en un comunicado que lamenta "profundamente" el ataque contra el Casino Royale de Monterrey, capital de Nuevo León.
Un grupo de criminales, presuntamente vinculados con el cartel de Los Zetas, incendió a plena luz del día ese casino con la idea de amedrentar a sus propietarios, que se habían negado a pagar una extorsión, lo que provocó una de las peores matanzas en la historia reciente del país.
Tras el incendio, las autoridades de algunos estados mexicanos han clausurado varios casinos, y se ha revelado que muchos de estos establecimientos operan de modo irregular -algunos amparados por controvertidas decisiones judiciales-, y carecen de medidas básicas de protección civil.
Una empresa afectada por esta cruzada ha sido la española Codere, que el pasado día 16 anunció la compra de una firma local de casinos, y ya ha sufrido el cierre de cinco de sus establecimientos marca "Yak", recientemente adquiridos.
La Aieja se solidarizó con las familias de las víctimas, y aseguró que se suma a los esfuerzos del Gobierno "en su lucha contra el crimen organizado y el combate a la ilegalidad".
"Somos una industria comprometida con la legalidad, el esparcimiento y el desarrollo de nuestro país", la cual genera más de 40.000 empleos directos y 120.000 indirectos, atrae inversión extranjera, y paga impuestos, aseveró la asociación.
"Repudiamos la violencia y solicitamos a las autoridades que unamos esfuerzos para combatir la ilegalidad" que "lacera" al país, agregó el organismo.
Por su parte, Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, afirmó hoy en una conferencia de prensa que esa región "no quiere más casinos".
"Nos aseguraremos que los que ya operan lo hagan de manera clara", señaló el mandatario local, antes de suscribir un conjunto de iniciativas de ley que buscan prohibir la instalación de nuevos casinos en Nuevo León, para lo cual deberá modificar la Constitución de ese estado mexicano y reformar varias normas.
Adicionalmente, manifestó que buscará que el Congreso federal promueva un cambio en las leyes de juegos y sorteos, para que las autorizaciones que el Gobierno otorga a los casinos para que puedan operar sean aprobadas primero por las autoridades locales, lo que no ocurre en la actualidad.
En tanto, el periódico Reforma reveló hoy unas imágenes tomadas por cámaras de seguridad de tres casinos, en las que se ve a Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, recibiendo fajos de billetes en varios centros de apuestas.
Uno de los vídeos está fechado el pasado 19 de agosto, apenas seis días antes del ataque contra el Casino Royale.
Después de la difusión de las fotografías, el alcalde dijo que pedirá que la fiscalía de Nuevo León investigue a su hermano "y si tiene una responsabilidad que sea llevado a la Justicia como cualquier persona".
Los propietarios de varios casinos de Nuevo León se han quejado de que son víctimas de extorsiones del crimen organizado y también de las autoridades, que los amenazan con cerrar sus establecimientos.
Varios casinos de Monterrey han sido atacados por delincuentes en los últimos meses.
-EFE
