Según informaron abogados especialistas en derecho inmobiliario, la propuesta del diputado Diosdado Cabello de crear un fondo con el dinero consignado por los inquilinos en tribunales que no ha sido retirado por los propietarios, carece de legalidad.
Irma Lovera señaló que, en la gran mayoría de los casos, los dueños
de inmuebles dejan los fondos en el tribunal de consignación porque están en desacuerdo con el monto entregado por el inquilino o porque el depósito fue hecho a destiempo.
Agregó que el retiro del dinero tiene implicaciones en los procedimientos judiciales
iniciados por los propietarios contra los inquilinos. “Una demanda por
falta de pago (en el caso de las consignaciones efectuadas con retraso)
quedaría sin efecto al instante”.
Una demanda de desocupación también pudiera quedar anulada si el propietario retira los fondos depositados por el inquilino
en el tribunal de consignación, expresó un abogado que participó en la
elaboración de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente, aprobada
en 1999.
“Cuando el dueño demanda el desalojo del inmueble porque se venció la prórroga legal no puede recibir los cánones
(por eso el arrendatario los consigna ante un juez) porque la acción
sería interpretada como la admisión de que quiere continuar con el
contrato de alquiler”, argumentó.
Cabello preside la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional
que redacta el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto
de ley para regularización y control de los arrendamientos de viviendas,
presentado en marzo por movimientos de inquilinos.
El diputado propuso que el fondo sirva para proteger a los
arrendatarios y a los pequeños propietarios (definidos en la norma como
los que tienen hasta dos unidades alquiladas). La idea es que se utilice para cancelar gastos de depósito de muebles en casos de desalojo, entre otras cosas.
Alegó que el fondo se alimentará con los cánones consignados en tribunales
que no han sido retirados por los propietarios de las viviendas después
de 12 meses. “Hay recursos que tienen 15 y 20 años colocados y los
dueños no los han utilizado”.
Lovera insistió en que la propuesta no tiene sentido. “El Gobierno no
puede disponer de un dinero que le pertenece al dueño del inmueble”.
Añadió que si los recursos llevan mucho tiempo en tribunales es porque los juicios inmobiliarios son muy lentos.
Por Alejandro Hinds
Con información de El Nacional
Con información de El Nacional
