Brufau se gana el apoyo de La Caixa
Con la globalización, el nacionalismo ha perdido fuerza como argumento financiero. Pero aún despierta algunas inquietudes y goza de tirón popular. Repsol, la primera empresa industrial española, puede cambiar de manos. Sacyr y Petróleos Mexicanos (Pemex) han firmado un pacto cuyo fin último es aparentemente hacerse con la gestión de la petrolera, desbancando a los actuales gestores encabezados por su presidente, Antonio Brufau. El Gobierno se ha apresurado a exigir la "españolidad" de la petrolera y ha obtenido garantías verbales de los firmantes. Pero la difícil situación financiera de la constructora, atenazada por la deuda de 5.000 millones que contrajo cuando adquirió el 20% de Repsol, y la especial condición de la mexicana -una compañía estatal sujeta completamente a las decisiones del Gobierno de turno- no son los mejores avales.
Como en todas las grandes operaciones, juegan varios actores y en varios escenarios. En el meramente empresarial, Sacyr repite su intento de tomar el control de la petrolera, como ya hizo en el pasado buscando aliados extranjeros, algunos bastante exóticos como la india Essar, la china Sinopec e incluso la rusa Lukoil, salpicada por escándalos de corrupción y mafia rusa. Ahora se ha buscado un aliado más estable y con mejor prensa, pues no en vano Pemex es el accionista industrial más antiguo de Repsol.
Del otro lado, queda la incógnita de la posición que adoptarán los otros accionistas. La Caixa, socio de referencia con el 12,8% del capital, puede resultar fundamental como árbitro de la situación. Y, según fuentes conocedoras de las negociaciones, ha dado "un apoyo incondicional desde que se conoció la operación" a Brufau y su equipo.
Desde la caja catalana, que dijo en un comunicado que esperaría al próximo consejo para exponer su posición, se insiste oficialmente en que estudiarán la situación y que no quieren posicionarse hasta que lo hayan hecho. Pero según las fuentes citadas, esa posición será la de ponerse al lado del equipo gestor y oponerse a cualquier plan de Sacyr-Pemex de intentar dar un vuelco en la cúpula directiva y controlar el poder ejecutivo de la compañía. De hecho, han mantenido contactos a todos los niveles, "incluidos el político", para defender el actual statu quo de la petrolera. Entre esos contactos, el primero fue del presidente de La Caixa, Isidro Fainé, con Brufau para asegurarle personalmente su respaldo.
El pacto que ha desatado la alarma consiste en que Pemex eleve su participación del 4,8% al 9,8% de forma que junto a Sacyr posean el 29,8% del capital; la votación conjunta en todas las decisiones relevantes que se tomen en la petrolera (inversiones, ventas, retribución de directivos...), y el nombramiento de un consejero delegado que asuma los poderes ejecutivos del actual presidente. En la práctica, se trata de tomar el control efectivo de la compañía y decidir su futuro ante cualquier oferta que pueda llegar por la petrolera.
El perfil peculiar del presidente de Sacyr, Luis del Rivero, uno de los protagonistas estelares de la era dorada del ladrillo que dominaron el mundo empresarial español antes del pinchazo inmobiliario, añade incertidumbre al desenlace de la operación. Su entrada en Repsol en 2006 se hizo al más puro estilo inmobiliario, es decir, endeudándose. Pidió un préstamo de 5.175 millones garantizado por las propias acciones, que suponía el 80% de su inversión total. Este mecanismo, conocido como apalancamiento, es el que usaron las inmobiliarias para sus compras. Se basa en la confianza de que las acciones (o los inmuebles y el suelo, en su caso) subirán en el futuro y, por tanto, siempre valdrán más que al precio al que se compraron. Pero si ocurre lo contrario y la cotización cae, los bancos llaman a la puerta y exigen otras garantías adicionales. Y ahí empiezan los problemas.
Eso es precisamente lo que ocurrió con el pinchazo inmobiliario y lo que le ha ocurrido a Sacyr en Repsol. Compró su 20% por 6.525 millones, a un coste medio de 26,71 euros por acción, casi ocho euros por encima del valor del pasado lunes (este viernes cerraron a 19,79 euros), antes de anunciarse el pacto, por lo que si las vendiera ahora tendría una minusvalía de cerca de 2.000 millones, casi la capitalización bursátil de todo Sacyr (2.190 millones).
El próximo 21 de diciembre debe renegociar el crédito de 4.908 millones y las entidades financieras quieren garantías adicionales a los títulos. "No es que los bancos apoyen o dejen de apoyar la operación. Los bancos quieren cobrar y punto. Y la única manera de hacerlo es que Del Rivero se haga con el poder y empiece a vender activos, al precio que sea, en lotes o en un solo bloque, consiga el dinero que precisa vía dividendo o vía opa. Puede ser un auténtico saqueo", advierten los detractores del constructor en la petrolera.
La otra vía de desconfianza viene por la parte de Pemex. "Lleva 20 años dormido en los consejos y ahora resulta que quiere más visibilidad", apuntan las mismas fuentes. El hecho de que haya elegido la misma vía que Sacyr -recurriendo a deuda para financiar el 70% de la inversión necesaria para adquirir ese 5% adicional- también levanta sospechas. Los mismos recelos que provoca que el banco que le ha asesorado en la compra del 4,62% que realizó este viernes sea Crédit Agricole, uno de los principales acreedores de Sacyr.
Los aliados de Sacyr y Pemex se defienden. Fuentes cercanas a estos indican que se trata de un acuerdo entre empresas y no se puede acusar a México de cerrar su mercado cuando, por ejemplo, el primer y tercer banco del país están en manos del BBVA y Santander y hay más de 2.000 empresas españolas con intereses en México, entre ellas La Caixa: la entidad catalana tiene un acuerdo accionarial con Inbursa, el grupo financiero del magnate Carlos Slim, que también ha participado en la financiación de Pemex.
La batalla se libra también en el ámbito político. En el seno del Gobierno no hay unanimidad. La operación cuenta con el aval del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Su apelación a la españolidad de la compañía es más retórica que real a juzgar por su actuación en Endesa, en cuya entrada se vetó a la alemana E.ON para luego dejarla caer en poder de la italiana Enel, controlada por el Gobierno de Silvio Berlusconi. La Comisión Nacional de Energía también se ha lavado las manos ante la operación.
Pero otros departamentos, como el Ministerio de Economía, no ven con las mismas simpatías el acuerdo, máxime a dos meses y medio de las elecciones generales. El ejemplo dado por el Ejecutivo argentino, que ha convocado de urgencia al consejo de YPF, el exmonopolio petrolero del país austral ahora en manos de Repsol (57%), para que tanto Sacyr como Pemex den explicaciones y garantías deja aún más en evidencia la apatía del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La posición del PP es, como en casi todo, una incógnita. Pero Del Rivero no goza de las simpatías del equipo económico de los populares, que si acceden al poder podrían activar los mecanismos regulatorios para entorpecer cualquier movimiento. No le perdonan al constructor que sirviera de ariete para intentar desembarazarse de Francisco González del BBVA, a cuya presidencia llegó bajo el Gobierno de José María Aznar.
Tal vez por ello y, sobre todo por el crédito, Del Rivero tenga mucha prisa por dar el siguiente paso. La junta de accionistas tendrá la última palabra.
RAMÓN MUÑOZ
