Una imagen diferente a la de la joven que en 2001 lucía retraída y devastada como consecuencia de la violencia de que fue víctima y que casi le ocasionó la muerte, es la que exhibe hoy Linda Loaiza López Soto. En aquella época apenas contaba 18 años de edad.
La muchacha que estuvo cuatro meses en cautiverio y sufrió maltratos que le causaron lesiones gravísimas está visiblemente recuperada física y espiritualmente. Su rostro, que se ilumina con una constante sonrisa, devela que parece haber encontrado la paz que buscaba. Prefiere dejar en el pasado todo lo que le ocurrió, no guarda rencores; sin embargo, sigue en busca de justicia.
Hoy Linda Loaiza es una muchacha que viste a la moda, sin lujos. Unos zarcillos son el único adorno que lleva. Se desenvuelve sin complejos y se muestra entusiasmada para hablar de las actividades que ha realizado en estos años que se ha mantenido alejada de la opinión pública.
Sus ojos color aceituna son expresivos al igual que sus manos para explicar que antes de que concluya 2011 recibirá su título de abogada en la Universidad Santa María. En su rostro apenas quedan secuelas de las lesiones sufridas, pero aún es necesario practicarle otras intervenciones quirúrgicas para corregirle la mandíbula y la nariz donde tiene fracturas, y en las orejas.
“Estudié y me gustó Derecho por la situación que viví por seis años en los que estuve relacionada con el Poder Judicial“, dice cuando se le pregunta por qué eligió esa carrera.
Ella señala que entre sus proyectos está continuar los estudios con un posgrado en Derecho Internacional. Le atrae esta especialidad porque precisamente ahora ha emprendido otra cruzada, en vista de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda que introdujo contra el Estado venezolano, junto con su abogado Juan Bernardo Delgado, en 2007. Contó con la colaboración del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organización dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente americano.
Explica que la demanda obedece a que hubo “una serie de abusos e irregularidades, omisiones y retrasos cometidos por varios funcionarios judiciales que afectaron la investigación y el proceso penal“.
Una década después. Loaiza narra que no ha sido fácil su existencia después de 2001 cuando estuvo retenida por Luis Carrera Almoina. Cuenta que los primeros cinco años los pasó recluida en hospitales y clínicas. Su recuperación espiritual y moral la agradece a psiquiatras y psicólogos que la han ayudado a salir adelante, así como a profesionales de otras especialidades. En 5 años no conoció ningún tipo de diversión. Estuvo casi 579 días internada. Hace pocos meses fue intervenida del ojo derecho porque había perdido la visión.
“No sólo estuve dedicada a recuperar mi salud, también pasé seis años detrás de los tribunales para que se hiciera justicia y se respetara el debido proceso, pero no se logró; por eso acudimos a instancias internacionales. Hubo un irrespeto hacia mí como ser humano por parte del Estado. Me condenaron a seguirle los pasos al Poder Judicial”. Abogado y cliente decidieron demandar ante la corte una vez que el TSJ declaró inadmisible el recurso de casación.
La denuncia introducida ante la instancia internacional refiere “que la fiscal del caso maltrató a la víctima y a sus familiares, y permitió influencias impropias en el proceso penal dado a que el acusado pertenece a una familia conocida y de recursos económicos, a diferencia de Linda Loaiza”.
El escrito agrega “que la fiscal siempre recibió la información que le daba Loaiza con incredulidad y amenazas. También la jurista le comunicó a sus familiares que tenían que decir la verdad porque ella (la fiscal) sabía que el hijo de un rector no era capaz de ser el autor de hechos atroces”.
Para dar una idea de cómo se manejó el caso, refiere que el expediente estuvo en manos de 76 jueces y magistrados del TSJ como consecuencia de 59 inhibiciones, mientras que las audiencias fueron diferidas en 38 oportunidades y no hubo respuesta de ningún organismo cuando hicieron las impugnaciones respectivas.
Luis Carrera Almoina pagó seis años de prisión y actualmente está en libertad.
Otra denuncia que hizo ante la CIDH es que el tribunal de juicio cambió la calificación de los delitos de violencia sexual y homicidio calificado en grado de frustración, y condenó a seis años de prisión a Carrera Almoina por lesiones gravísimas y privación ilegítima de la libertad. “No se tomaron en cuenta las torturas y lesiones contempladas en el Estatuto de Roma“, comentó.
Por haber sido una víctima de la violencia, recomienda a las mujeres que son objeto de maltratos no quedarse calladas y denunciar a sus agresores. “Si no encuentran respuesta en el Estado venezolano, acudan a instancias internacionales”.
Por Sandra Guerrero
Con información de El Nacional
Con información de El Nacional
