El presidente de la Cámara de Construcción, Juan Francisco Jiménez, instó a los diputados a la Asamblea Nacional a revisar la Ley de Arrendamiento, pues la misma perjudicaría y hasta podría paralizar la construcción de viviendas en el país. “El clima de inseguridad, de desconfianza debemos intentar revertirlo. Tenemos voluntad, pero no hemos conseguido un interlocutor en el Gobierno para iniciar el diálogo”, agregó.El presidente de la Cámara de Construcción, Juan Francisco Jiménez, explicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó que en el primer trimestre de 2010, el sector privado y público habían construido unas 90 mil viviendas, cifras que anteceden a la Misión Gran Vivienda Venezuela. Agregó, que después del inicio de ésta, el BCV no publicó más datos sobre obras habitacionales en el país. “Han pasado seis meses y no tenemos las cifras”, destacó.
Asimismo, indicó que desde las edificaciones privadas hasta las pequeñas obras de ampliaciones necesitan cemento y cabilla, por lo que calificó de “discriminación” que solamente se encuentre destinada a ciertos tipos de construcciones, cuando es un producto producido en el país.
Sobre la situación de las constructoras intervenidas por el Ejecutivo, Jiménez, señaló que las mismas se caracterizaron por haber ayudado al desarrollo del país, con la construcción de 30 a 40 mil casas en su historia. Precisó, que algunas empresas se encuentran inactivas, mientras que otras pocas han logrado llegar a acuerdos por el Gobierno Nacional. “El clima de inseguridad, de desconfianza debemos intentar revertirlo. Tenemos voluntad, pero no hemos conseguido un interlocutor en el Gobierno para iniciar el diálogo”, agregó.
En referencia a la Ley de Arrendamiento, instó a los diputados a la Asamblea Nacional a revisar la normal legal, pues la misma perjudicaría y hasta podría paralizar la construcción de viviendas en el país. “El Gobierno está limitando la inversión privada”, añadió.
En relación, apuntó que la Ley de Emergencia por lluvias y la Ley de Precios y Costos Justos ha creado “un clima jurídico de inseguridad“.
Expresó sobre el costo de las viviendas, que existen productos y materiales esenciales regulados, pero se consiguen en el mercado especulativo en altos precios. “Todos los procesos inflacionarios de especulación afecta a los productores”, dijo.
Puntualizó que en el primer trimestre de este año, el sector privado ha construido sólo 10 mil viviendas. Sentenció que para la meta de 150 mil casas en el año, el Estado debe invertir en recursos e incentivar al sector privado.
