AVN .- Las diversas irregularidades denunciadas contra la empresa Ascensores Schindler de Venezuela S.A. han provocado el restraso de la entrega de al menos 23.425 viviendas, pertenecientes a urbanismos que se encuentran involucrados en las estafas inmobiliarias y que actualmente tienen medida de ocupación por parte del Ejecutivo Nacional.
Así lo informó este lunes el director nacional de Inspección y Fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), José Perales, luego de que se abriera un proceso administrativo contra la empresa por incumplimiento de contratos, cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ajustes arbitrarios de precios, entre otras irregularidades.
“Hemos recibido muchísimas denuncias en función de incumplimiento de contratos, aumento de precios y no cumplimiento de las normas técnicas que se requieren para este tipo de dispositivos, y hoy hemos podido constatar que en los contratos hay abusos en la posición de dominio, que los contratos de adhesión son modificados de manera unilateral por estas empresas y estamos, inclusive, previendo y temiendo, que en este caso pudiera haber un problema de carterización con las empresas que prestan servicios de ascensores en nuestro país”, explicó Perales.
En este sentido, manifestó que estas irregularidades, las cuales están revisando los funcionarios del Indepabis con detenimiento, “tienen una influencia muy negativa para los usuarios, pero también tienen una influencia muy negativa para las políticas del Gobierno Bolivariano, porque afecta las metas en la entrega de viviendas”.
“Nosotros hemos asumido la defensa de las personas que han sido estafadas por las empresas inmobiliarias y pareciera que, en un momento dado, la política del Gobierno Nacional no tuviera efecto, pero resulta que es por causas de posible concertación o agavillamiento para que no se cumpla con esa meta. Por ejemplo, no se entregan a tiempo los ascensores, no se cumple con los requerimientos técnicos, y todo eso va haciendo que se retrase la entrega”, detalló Perales.
“Estamos en presencia de un posible acto de carterización”, advirtió Perales, mientras resaltó que además la empresa Shindler, por las innumerables denuncias recibidas por condominios, “mantiene precios exageradísimos” para la reparación de equipos, suministro de repuestos e instalación de nuevos ascensores.
“En este momento la variable política es un factor preponderante, y pudieran utilizar todos estos elementos de sabotaje y boicot para argumentar que por culpa del Gobierno Nacional no se dan ciertas situaciones que benefician a las familias venezolanas, cuando realmente son posiciones de dominio de las empresas para incidir en el malestar del colectivo nacional”, subrayó Perales.
Explicó que tras realizar el proceso administrativo se determina que los precios aplicados por la empresa no se ajustan a la realidad de los costos, una de las medidas que aplicará el Indepabis será la reversión de esa condición unilateral impuesta por Shindler.
“Según lo que vimos en los contratos, ellos proceden a la actualización del precio cada tres meses, cambian la palabra IPC por valor actual, es decir, que están incurriendo en la misma práctica de utilización de IPC, además, las condiciones de contratos que las cambian unilateralmente, y productos que se han comprado con dólares preferenciales entregados por Cadivi, les realizan ajuste de precios”, comentó.
Con respecto a la Gran Misión Vivienda Venezuela, Perales indicó que urbanismos en construcción tienen contratos con la empresa Schindler, por lo que el Indepabis se encuentra “haciendo un análisis de los contratos”.
Perales comentó que estos precios serán revisados “porque no se apegan a una racionalidad económica que los justifique”, y una vez establecidos los costos reales, el Indepabis hará recomendaciones para que se proceda a una regulación de estos precios.
