(EFE).- La Fiscalía boliviana admitió una demanda de una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a quien acusan de “genocidio” por la violenta intervención policial a la marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera financiada por Brasil, informó hoy una fuente del Legislativo.
La denuncia fue admitida el viernes por la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país, confirmó hoy a Efe el diputado opositor Tomás Monasterio, de la derechista Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional.
Monasterio justificó la demanda por el delito de “genocidio” porque el Código Penal boliviano admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan “lesiones de inhumana subsistencia” y cuando hay “desplazamientos” violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el domingo.
“Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia (…) Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos”, dijo el diputado.
La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.
Unos 500 agentes atacaron el domingo con gases y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz, amordazaron a dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos.
Un reporte preliminar difundido el jueves por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos detalló que el ataque policial dejó más de cien heridos y unos 200 detenidos, “que recobraron su libertad 17 horas después, y además provocó que varios niños y niñas fueran temporalmente separados de sus progenitores”.
Los indígenas han aclarado que la represión no dejó víctimas mortales, como habían denunciado en días pasados algunos de sus dirigentes, la jerarquía católica y varios medios, lo que Morales tildó de nueva confabulación en su contra.
La acción policial desató una oleada de protestas en todo el país y se ha presentado una crisis institucional con la renuncia de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios.
Morales y su gabinete negaron responsabilidad en el hecho y aunque el mandatario pidió perdón, los indígenas reanudaron hoy su marcha de la Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Tras los disturbios y manifestaciones por parte de las comunidades indígenas que habitan la región de impacto de la carretera, Morales decidió el lunes pasado suspender las obras mientras consulta a las regiones de Cochabamba y Beni, por las que está previsto que pase la carretera.
Las etnias y grupos ecologistas rechazan que la carretera financiada por Brasil atraviese el Tipnis por los daños ambientales que causará el proyecto y porque temen una invasión de campesinos y productores de hoja de coca, base para la fabricación de cocaína.
