En 2010, la urbanización Monte Mayor Residencial en el municipio San Diego del estado Carabobo fue intervenida por el Gobierno Nacional bajo la promesa de una rápida entrega. Luego de reuniones con las autoridades oficiales y la constructora se habría acordado la entrega de otro lote de apartamentos para el mes de febrero.
"Son aproximadamente 44 familias por cada torre, estamos hablando de 170 familias aproximadamente que están en espera de la entrega de sus viviendas. Tenemos vecinos que tienen más de un año viviendo en el conjunto y aún no ha protocolizado. Si no cerramos este ciclo es como si no fuéramos propietarios de nuestro inmueble", denunció Jean Carlos Romero, propietario.
Luego de la medida interventora se han entregado varios edificios del conjunto. Ernesto García, junto a otros vecinos, recibió su apartamento pero asegura que no esta en óptimas condiciones. Torres de 11 pisos que no cuentan con ascensor.
"Nosotros lo que tenemos es un certificado por el Ministerio de Vivienda en el que se nos da la potestad de ocuparlo por 90 días pero no tenemos la protocolización. Estaríamos hablando de 356 familias, pero de esos solo han protocolizado 72, no llega al 20% las personas que han protocolizado", agregó.
Maribel Heras no escapa de esta realidad. Los cuatro miembros de esta familia se vieron obligados a habitar su apartamento aún cuando no tiene las condiciones prometidas para el momento de la compra.
"Las paredes no están empastadas, tienen lomos que hay que arreglarlos. El piso se levanta porque es una porcelana de tercera. Los sanitarios están que botan el agua, cuando abres el grifo bota el agua por la parte de abajo. No están en las condiciones que ellos habían ofrecido", criticó.
Otros urbanismos intervenidos por el Gobierno Nacional en la entidad atravesarían la misma situación. En este caso son 170 familias que confiaron en la medida y aún esperan por lo que hasta ahora es una "promesa incumplida".
