El Ministerio Público imputó al exdiputado Wilmer Azuaje, por la presunta comisión de los delitos de falsedad en declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento ilícito, a raíz de supuestas irregularidades ocurridas desde el 1° de abril de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2008.
El acto de imputación se llevó a cabo en el despacho de la fiscal 15º del estado Barinas, Luz Martínez, quien dio a conocer al ex diputado y a su representante legal el contenido de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en su fase investigativa.
Una vez imputado, Azuaje adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Los delitos por los cuales se imputó al ex parlamentario están tipificados en los artículos 73º y 76º de la Ley Contra la Corrupción.
En este sentido, la referida legislación señala, en el artículo 73, que en los casos de enriquecimiento ilícito: “El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años. Con la misma pena será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado”.
Adicionalmente, la citada ley expresa que por falsedad en la declaración jurada de patrimonio: “Cualquier persona que falseare u ocultare intencionalmente los datos contenidos o que deba contener su declaración jurada de patrimonio, así como los que se les requieran con ocasión de la verificación de la misma, o estuviere en rebeldía en su presentación o en el suministro de información en la auditoría patrimonial, será castigado con prisión de uno (1) a seis (6) meses y se procederá a su destitución si se encuentra en el ejercicio del cargo”.
Vale destacar que esta investigación fue iniciada el 14 de julio de 2008, por presuntas irregularidades en la declaración jurada de patrimonio para el entonces diputado a la Asamblea Nacional.
A solicitud del Ministerio Público, el 27 de septiembre de 2010 la Contraloría General de la República realizó una verificación patrimonial, en la cual presuntamente se observa que existen ingresos administrados que no se encuentran justificados y que superan los legítimamente percibidos en ese lapso.
NOTA DE PRENSA
