AFP) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió este viernes, en San José, una audiencia pública en relación con el asesinato del activista de derechos humanos venezolano Joe Castillo González, perpetrado en agosto de 2003.
Durante la audiencia, tanto los organismos demandantes como el Estado de Venezuela han presentado testigos y peritos para respaldar sus alegatos ante los jueces de la Corte, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), uno de los demandantes, explicó en un comunicado que su objetivo es demostrar que Venezuela incumplió su responsabilidad de proteger la vida de Castillo y pedir que se investigue y procese a los responsables de su muerte.
Joe Castillo, quien era coordinador de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, en el estado de Zuliá (noroeste), fronterizo con Colombia, fue atacado a tiros por desconocidos mientras viajaba en un automóvil junto a su esposa y su hijo de año y medio, el 27 de agosto de 2003.
Producto del ataque, Castillo murió y su esposa, Yalitze Moreno, y el hijo de ambos resultaron heridos.
“Su caso, como el de muchos otros,permanece en total impunidad, se desconoce la identidad de las personas que lo ejecutaron. Sin embargo, las investigaciones realizadas apuntan a que agentes del Estado podrían estar involucrados en los hechos que provocaron su muerte”, apuntó CEJIL, una ONG de abogados que trabaja representando a las víctimas a nivel regional.
En la audiencia de este viernes declararon la viuda de Castillo, Yalitze Moreno; el representante del Estado venezolano, German Saltrón; y el fiscal Elvis Rodríguez, quien ha llevado el caso en Venezuela.
También declararon los peritos Michael Reed, por parte de los demandantes, y Antonio Uribarrí por parte del Estado.
En su declaración ante la Corte, Moreno dijo que la muerte de su esposo ha transformado su vida y la de su familia y que aún no se reponen de la experiencia, sobre todo por el hecho de que quedan muchas preguntas por responder.
“No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. En una de las visitas que hicimos en la fiscalía nos enteramos que el expediente había sido archivado, y nos enteramos así, verbalmente”, apuntó.
La Corte Interamericana analizará la prueba presentada por las partes y emitirá un fallo en los próximos meses, en fecha no definida.
