La Administración española es una de las más opacas de los países avanzados. Una opacidad que permite escándalos como el del caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y en Madrid o los ERE en Andalucía. El Gobierno ha decidido promover una ley para intentar acabar con esa larga tradición de secretismo sobre cómo se gasta el dinero público. Una norma, la ley de transparencia,que ya tienen casi todos los países de nuestro entorno, y que el anterior Gobierno tenía ultimada pero nunca se animó a aprobar.
El PP la sacará adelante y, según fuentes gubernamentales que la ultiman en estas horas, contendrá novedades muy relevantes. El Gobierno, por ejemplo, pondrá a disposición de los ciudadanos todos los contratos de la Administración General del Estado, hasta el más pequeño. Se publicará cuál fue el procedimiento, el importe y el adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe.
Cada ministerio y cada dirección general tendrán que dar a conocer todos sus contratos, cómo se gasta el dinero, con qué organigrama trabaja, y cuál es el sueldo de su equipo directivo. Estarán todos en las webs de cada ministerio, pero para unificar y facilitar la consulta, el Gobierno creará un portal de la transparencia, inspirado en el que tienen otros países (el de Estados Unidos, data.gov, es especialmente detallado), en el que estarán de forma accesible y fácil de consultar todos estos datos.
No todas estas informaciones son ahora secretas, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo al Congreso, o son prácticamente imposibles de consultar. Y muchas de ellas ni siquiera se publican, como es el caso de los sueldos, ya que solo se hace con el de los ministros.
Mariano Rajoy ha incumplido hasta ahora buena parte de sus promesas —no subir impuestos, no abaratar el despido— pero con la ley de transparencia parece dispuesto a cumplir. De hecho, este asunto es uno de los ejes de sus discursos públicos. Mañana, antes de los 100 días de su Gobierno, como prometió, se aprobará una norma fundamental para facilitar el control de la labor del Ejecutivo, precisamente en un momento en el que Rajoy, si el PP gana en Andalucía el domingo, acumulará el mayor poder conocido por un partido en la historia de la democracia española.
La reforma será presentada el viernes por su principal responsable, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido una norma elaborada por su equipo, en especial por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y su mano derecha en la oposición, cuando ella era portavoz parlamentaria.
La ley tendrá tres patas. Una, la de la publicidad activa, esto es, toda esa información que se va a publicar sin necesidad de que nadie la pida en ese portal de la transparencia. Otra, la del derecho a la información. Se establecerá, como gran novedad y también de forma similar a otros países [EE UU y Reino Unido la han llamado ley de libre acceso a la información], el derecho a esa información pública, de manera que las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame un dato del uso de dinero público.
Y por último, la pata del “buen gobierno”, donde se incluirán las sanciones que ya anunció en su díaCristóbal Montoro —incluida la inhabilitación— para los malos gestores de las cuentas públicas.
La ley tardará meses en entrar en vigor. Antes se abrirá, durante 15 días, un novedoso proceso de consulta pública electrónica, en el que los ciudadanos —hay varias asociaciones muy interesadas— podrán aportar sugerencias. Aunque la ley se pretende ambiciosa, no es presumible que se llegue tan lejos como en EE UU, donde por ejemplo se puede consultar qué personas han visitado la Casa Blanca —incluidos representantes de lobbys—, a qué hora entraron y salieron.
La ley y el portal se concentran en la Administración General del Estado. Sin embargo, la Administración autonómica y local, especialmente interesantes porque controlan los datos sobre sanidad, educación o servicios sociales, estarán también obligadas por esta norma a establecer sus propios mecanismos de transparencia, con lo que es presumible que el proceso de apertura se extienda poco a poco también a las autonomías y Ayuntamientos.
En cualquier caso, costará cambiar la cultura opaca. Este miércoles fue imposible saber el coste del vídeo institucional realizado por el Ministerio de Empleo para defender la reforma laboral.
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