En un boletín de prensa del máximo tribunal del país se explica que la decisión de la Sala Constitucional se basa en los artículos 26.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 23.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Estos artículos atribuyen a la Sala Político Administrativa la competencia para conocer las demandas de nulidad contra actos administrativos dictados por el Presidente de la República. El juzgado de sustanciación de dicha sala había declinado el caso para remitirlo a la instancia constitucional.
El decreto en cuestión fue emitido por el presidente Hugo Chávez el 23 de diciembre de 2010 luego de que el Banco Federal debiera ser intervenido en junio de ese año.
La institución financiera tenía una clientela de 571.000 personas, entre naturales y jurídicas.
AVN