Ante el reclutamiento de menores de edad por la organización terrorista Sendero Luminoso para su lucha armada, la adjunta para Temas de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Mayra Ramos, consideró que la intervención articulada de las distintas entidades gubernamentales y sociedad civil representan un mecanismo para evitar esta nefasta práctica delictiva que atenta contra los derechos de los niños.
Explicó que esta captación se produce en zonas vulnerables de los Valles de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), en donde no hay presencia del Estado.
“Este reclutamiento se realiza por la fuerza y también bajo la forma de ofrecimiento de trabajo en zonas de pobreza extrema donde el Estado no ha llegado”, dijo en diálogo con RPP Noticias.
Respecto al número de personas secuestradas por grupos narcoterroristas, Ramos señaló que no existe estadística que indique a ciencia cierta cuántos han sido captados.
Ante una posible liberación de las víctimas, aseveró que se requerirá un tratamiento y una protección especial en materia psicológica en pro de la recuperación social de los menores, el cual podría llevarse a cabo en el Centro de Atención Residencial, institución administrada por el Ministerio de la Mujer, a través de personal especializado en el campo.
Como se sabe, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó este martes que la organización terrorista Sendero Luminoso use a menores de edad en sus actividades violentas, y subrayó que ese hecho representa una violación de la Convención de los Derechos del Niño.
