Alfredo Romero, abogado, explicó que según el Estatuto de Roma, firmado por Venezuela, el país tendría que colaborar con el Tribunal Penal Internacional si lasdeclaraciones de Aponte Aponte fueran presentadas ante esa instancia como ratificación de denuncias de persecución política que se han hecho anteriormente (casos de los hermanos Guevara y "Mazuco").
"Eso es conversación de pasillo en los tribunales, la corrupción del sistema de justicia", declaró Ramos, quien opinó que el problema es tan grave que el sistema tiene que derrumbarse como un edificio y reconstruirse desde la base. "El Tribunal Penal Internacional tiene todo para actuar (...), con la Corte Intermamericana y la Comisión Intermamericana para investigar la violación de Derechos Humanos en Venezuela", explicó.
Aseguró que se está buscando que el Tribunal Penal Internacional empiece la investigación utilizando la confesión de Aponte Aponte para después sancionar a los responsables.
El Gobierno nacional debe responder por los crímenes que el exmagistrado confesó, ya que desde el propio Gobierno emanó la designación de Aponte Aponte como una de las autoridades superiores de la justicia, afirmó Romero.
"No hay nada peor para un país que la impunidad, porque impunidad es igual a crimen, y crimen es igual a crisis social", sentenció.
