EFE).- Los exlíderes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidieron al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que restablezca la interlocución política que llevó al desarme de miles de paramilitares entre 2003 y 2006, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Así lo solicitaron Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, ambos presos y quienes representaron a las AUC en el diálogo con el Gobierno de Uribe, en una carta abierta al gobernante que fue difundida hoy por el sitio en internet de los ultraderechistas.
Mancuso, encarcelado en Estados Unidos, y Cobos, recluido en la prisión bogotana de La Picota, consideran que aquel proceso quedó trunco y, por tanto, se debe culminar con el restablecimiento del diálogo, que, a su juicio, fue “abruptamente interrumpido”.
Las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006 tras desarmar a más de 32.000 paramilitares,fueron responsables de miles de muertes, masacres y masivos desplazamientosforzados de campesinos en todo el territorio colombiano.
Habían nacido al amparo de los terratenientes de Antioquia, Córdoba y Cesar, entre otros departamentos, para proteger sus intereses frente al acoso de las guerrillas, y murieron a finales de 2002, con la decisión unilateral de terminar con las acciones armadas.
Por esa ley, trece antiguos mandos de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico, entre ellos el propio Mancuso, que fue uno de los jefes máximos de la organización en sus últimos años de actividad.Mancuso y Cobos criticaron hoy que el Ejecutivo de Uribe diera preferencia a la parte judicial del proceso, con la adopción de la Ley de Justicia y Paz, que establece penas alternas de cinco a ocho años para responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otros.
Los exlíderes de las AUC solicitan ahora retomar esa interlocución con el Gobierno sin especificar en su carta cuáles son sus peticiones concretas o sus intenciones.
Tan sólo indican que es el momento para retomar el contacto habida cuenta de que el Congreso de Colombia ahora debate un nuevo marco legal para la paz, por el que se busca establecer bases para hipotéticos diálogos con las guerrillas que siguen activas en Colombia: las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
