Reuters).- El Congreso de Colombia aprobó el jueves una reforma constitucional que establece las bases jurídicas para un eventual proceso de paz con la guerrilla izquierdista y que busca poner fin a un conflicto de casi 50 años con beneficios para quienes abandonen la lucha armada.
La norma, sometida a ocho debates de discusión y aprobación, fue objeto de fuertes críticas por grupos de derechos humanos como Human Rights Watch que sostienen que abre paso a la impunidad con una “amnistía encubierta” y a una futura intervención de la Corte Penal Internacional.
La iniciativa, diseñada para las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), prohíbe que responsables de delitos atroces tengan vocería política o se desempeñen en cargos públicos como alcalde, gobernador, congresista, concejal o diputado.
“No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”, dice la norma.
Pero quienes abandonen la lucha armada y no hayan estado implicados en delitosconsiderados de lesa humanidad podrán beneficiarse con medidas como la suspensión de la pena y la posibilidad de tener vocería política y elegibilidad para ejercer la función pública.
El senador Hernán Andrade, reconoció que la norma obliga a aceptar “un margen de impunidad”. “Es el costo de la paz, hay que decírselo de frente al país”, aseguró el congresista del Partido Conservador.
El Gobierno sostuvo que los mecanismos que se establecen con el marco jurídico para la paz no contradicen las normas del derecho internacional.
“Estamos cumpliendo con los estándares de la Corte Penal Internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos tenido todas las precauciones”, dijo el ministro del Interior, Federico Renjifo.
Derecho Internacional
Horas antes del último debate y aprobación de la norma, el presidente Juan Manuel Santos, aclaró que la norma no contempla indultos ni amnistías, que están proscritas por el derecho internacional, ni tampoco la participación en política de comandantes guerrilleros.
La última negociación de paz con la guerrilla de las Farc, que fracasó, se realizó entre 1999 y el 2002, mientras que diálogos exploratorios con ELN en Cuba y Venezuela, entre el 2002 y el 2007, no dieron resultados concretos.
Los integrantes de las bandas criminales, grupos ilegales armados dedicados al narcotráfico y conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha, ni los traficantes de drogas, podrán beneficiarse de la norma, dijo el ponente de la ley, el senador Roy Barreras.
El congresista dijo que son requisitos previos para acceder a los beneficios un proceso de paz que incluya la liberación de las personas secuestradas, el desarme, la verdad y la reparación de las víctimas.
La aprobación de la norma por parte del Congreso se produjo pese a que las FARC han intensificado sus ataques en diferentes regiones del país como parte de las hostilidades que se producen en medio del conflicto interno que cobra miles de vidas.
La guerrilla no se ha referido directamente al marco jurídico para la paz, pero en el pasado rechazó las demandas del Gobierno de suspender los ataques y anunciar su disposición de abandonar las armas, por considerarlas como una rendición.
