Luego de mantener una reunión con las representantes del movimiento “No a los biopolímeros”, que agrupa más de 920 mujeres afectadas por las inyecciones de dicha sustancia, la Defensoría del Pueblo (DdP) acordó convocar al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, con el objetivo de instalar una mesa de trabajo institucional para dar solución al problema que las afecta.
Durante el encuentro, el Director General de Servicios Jurídicos de la DdP, Larry Devoe, expresó que la institución asumirá el asunto “de manera prioritaria” a fin de resolver este tema desde sus distintas aristas. “En primer lugar debemos diseñar los mecanismos más idóneos para atender a las personas afectadas, luego debemos trabajar en la sanción para los responsables y finalmente, las estrategias para hacer efectiva la prohibición sobre el uso de estas sustancias en nuestro país”, indicó.
Devoe afirmó que la intención es abrir un espacio para que el Estado en su conjunto pueda avocarse a la situación que aqueja a este grupo de mujeres, quienes solicitaron precisar medidas contra los distribuidores y las estéticas que aún utilizan estos productos para agrandar los glúteos y otras partes del cuerpo, pese a la prohibición emitida por el Ministerio para la Salud, en diciembre de 2011.
“Esperamos que este tema sea asumido de manera urgente por todas las instituciones para que nos permita en el muy corto plazo tener instalada esa mesa y poder ayudar a las personas perjudicadas”, dijo.
Por su parte, Taylée Castellanos, coordinadora de la campaña contra la aplicación de estas sustancias, destacó que la petición más importante para el grupo es que se diseñen los mecanismos “para que las afectadas podamos ser atendidas y operadas de forma gratuita”.
Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar el tratamiento necesario para las víctimas de estas inyecciones -cuyo problema principal es la migración hacia distintas zonas del cuerpo- y lograr la “prohibición absoluta” de la venta y aplicación de los biopolímeros.
“Este es un problema de salud pública que ha dejado secuelas muy graves, por ello celebro que el Estado nos esté apoyando y articulando esfuerzos para lograr una solución”, apuntó Castellanos, quien pidió además la colaboración de todos los entes involucrados en la materia para impulsar la realización de foros y campañas de prevención para informar a la población y evitar que más personas sean víctimas de la sustancia.
