La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidió hoy mantener abiertas cinco denuncias presentadas por ciudadanos de la UE contra el tratado internacional para luchar contra las falsificaciones "ACTA", una de las cuales ha recibido el apoyo de cerca de tres millones de personas.
Esta comisión parlamentaria, que estudia quejas remitidas por ciudadanos europeos, consideró que debe esperar a que otras comisiones de ese organismo y el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncien sobre el tratado antes de emitir una decisión al respecto, según informó la Eurocámara en un comunicado.
ACTA, acordado por los Veintisiete Estados de la UE y otros diez países de todo el mundo (como Estados Unidos o Japón), pretende salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y detener la proliferación de falsificaciones.
En cambio, ACTA ha levantado los recelos de muchos grupos de la sociedad civil y, en especial, de los internautas, que temen que sus derechos en la red se vean mermados con la aplicación del acuerdo, que en última instancia está en manos del Parlamento Europeo.
En concreto, la Comisión de Peticiones recibió cinco quejas similares contra ACTA procedentes de diferentes Estados miembros, una de las cuales, promovida por la ONG internacional Avaaz, que ha reunido 2,8 millones de firmas.
El director de esta iniciativa de Avaaz, Alex Wilks, pidió que la Comisión de Comercio Internacional y el pleno del PE rechacen ACTA, al considerar que "no proporciona salvaguardas suficientes para proteger los derechos fundamentales y pone en peligro la privacidad de millones de usuarios de internet".
La Comisión de Peticiones subrayó que, al mantener abiertas las cinco quejas recibidas sobre ACTA, los ciudadanos tendrán la oportunidad de recurrir si el Parlamento Europeo finalmente respalda el texto y creen que "el acuerdo no responde a sus necesidades", señaló la presidenta de esta comisión, la eurodiputada italiana conservadora Erminia Mazzoni.
Está previsto que la Comisión de Comercio Internacional del PE vote su recomendación sobre ACTA el próximo jueves 21 de junio, y que el pleno de la Eurocámara se pronuncie definitivamente en julio.
Por el momento, cuatro comisiones parlamentarias diferentes se han proclamado ya en contra del tratado: las de Libertades Civiles; Industria, Asuntos Legales y Desarrollo.
A pesar de que la Comisión Europea -que es la institución que negoció el acuerdo en nombre de los Veintisiete- defiende el texto y considera que no cambia nada en la legislación europea sino que impone a otros países firmantes nuevas exigencias, ha preferido despejar cualquier duda y ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que determine si el texto está en línea con la ley de la Unión. EFE
