Un juez del Tribunal Superior de Londres admitió hoy como prueba por primera vez un cable diplomático de EEUU filtrado por WikiLeaks, al considerarlo clave para resolver una demanda contra el Gobierno británico de los antiguos habitantes de las islas de Chagos, en el océano Índico.
Pese a las objeciones de los abogados del Ministerio de Exteriores, el magistrado decidió permitir que se examine en la corte dicho cable, lo que significa que tendrán que ser llamados a declarar altos funcionarios del Ejecutivo británico.
Según el juez, pese a que el documento pudo ser obtenido de forma ilícita "por esa notoria organización de internet", es importante admitirlo para resolver de forma "justa y equitativa" la demanda presentada por los habitantes exiliados de Chagos.
Este colectivo ha presentado una nueva demanda ante la Justicia británica relativa a su expulsión del archipiélago entre 1965 y 1973 por parte del Gobierno colonial del Reino Unido, que quiso facilitar a Estados Unidos el establecimiento de una base naval en la isla Diego García, la mayor del archipiélago.
En esta ocasión, los exresidentes piden al Tribunal Superior que revise y desautorice la decisión del Ejecutivo de establecer un área de protección marina alrededor del archipiélago, que consideran un mecanismo para impedir su reasentamiento dado que prohíbe la pesca comercial.
En el cable, enviado en 2009 por la embajada de Estados Unidos en Londres al Departamento de Estado en Washington, se confirma la posición de los isleños, según sus abogados.
En él se recoge una conversación entre los diplomáticos y el Comisionado para el territorio británico en el Índico, Colin Roberts -encargado de implantar el Área de protección marina en 2010-, quien afirma que la medida no afectará los intereses estadounidenses pero sí los de los isleños, ya que "establecer un parque marino pondría fin en efecto a las reclamaciones de los antiguos residentes de Chagos para volverse a establecerse" en ese territorio.
A petición de los representantes legales de los exhabitantes, tendrán que ser llamados a declarar en base a ese documento el propio Roberts y Joanne Yeadon, otra funcionaria del Gobierno británico presente en la mencionada conversación.
