El exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra afirmó que el Estado le paga mensualmente al expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, una pensión como exmandatario o como exdocente superior de la Universidad Nacional Agraria.
Explicó que independientemente de si el expresidente cobra o no ese monto, el Estado tiene derecho a embargarlo.
"Fujimori tiene derecho a una pensión, sí por su puesto. No sé si la está recibiendo, pero que el Estado debe estar abonándole mensualmente una pensión, por supuesto que sí", sostuvo en RPP Noticias.
Gamarra aseguró que es totalmente legal el embargo de un 30 por ciento de todo el acumulado, aún la parte que pudiera no haber sido cobrada.
"Según las leyes se pueden embargar hasta una tercera parte de la pensión...no hay persecución política, eso se hace respecto a cualquier condenado por corrupción u otro delito, que no esté cumpliendo con el pago (de su reparación civil)", señaló.
Aclaró que el Estado cuando tiene que cobrar una deuda, lo debe hacer sobre los bienes que pertenecen al condenado, no a terceros, a menos que hubiera bienes en común o en sociedad conyugal.
En ese sentido, sostuvo que la ex primera dama Susana Higuchi "debe tener la seguridad de que no se tocarán sus bienes, pero si la parte que le corresponde a Alberto Fujimori".
El actual procurador anticorrupción Julio Arbizu informó en la víspera que en total están pendientes de repatriar más 20 millones de dólares de la “mafia montesinista” depositados en bancos del extranjero, cifra que podría duplicarse incluyendo los intereses.
Al respecto, Gamarra dijo que debería hacerse una "investigación real" de lo que sucedió con los recursos del Estado en la década del 90, puesto que el llamado "informe Kroll", encargado a una empresa internacional con ese objetivo, tiene muchas "especulaciones”.
Sobre si haría bien la Procuraduría en investigar los bienes de los hijos del exmandatario Fujimori, a fin de detectar si son producto del dinero de la corrupción, consideró que se debe indagar el destino que el condenado dio a sus bienes.
"Si se desprendió de los bienes después de iniciada la investigación, se debe pedir la nulidad y posteriormente debe venir el cobro del Estado", aseveró.
Finalmente, el exfuncionario respaldó el trabajo del procurador Arbizu, quien -dijo- está cumpliendo con su función conforme corresponde. "Su labor es defender los intereses del Estado", sentenció.
RPP
