Reuters).- Venezuela impugnará los arbitrajes que no le favorezcan en los tribunales internacionales alegando vicios de legalidad en los procesos, dijo el miércoles una alta asesora jurídica del país petrolero que enfrenta demandas de firmas extranjeras por decenas de miles de millones de dólares.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez tiene pendientes una treintena de arbitrajes ante instancias de resolución de conflictos comerciales, debido a la oleada de nacionalizaciones que impulsó desde 2007 en los principales sectores económicos, desde vitales proyectos petroleros a enormes fincas agrarias.
“En caso de que tengamos un laudo en contra, naturalmente que vamos a alegar que existió una violación del procedimiento”, dijo la jurista Hildegard Rondón de Sansó en una conferencia de hidrocarburos en la oriental ciudad de Puerto La Cruz.
“A nosotros nos han violado nuestros derechos miles de veces (durante los procedimientos)”, agregó.
Chávez anunció a principios de año que el país abandonaría el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial, lo que se hizo efectivo en agosto.
Además, el mandatario socialista aseguró que desconocerá futuras resoluciones del ente, donde el país socio de la OPEP tiene demandas de las petroleras estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips y las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex, entre otras.
Rondón de Sansó, quien forma parte del equipo legal que defiende a la nación sudamericana ante las demandas de empresas extranjeras, consideró que los casos presentados después de la salida de Venezuela del organismo no podrán ser conocidos por esa instancia.
“Serán considerados seguramente como falta de jurisdicción del Ciadi, porque para que sea competente en la materia es necesario que exista consentimiento y ya no existe. Todo lo contrario”, dijo la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, muy crítica del perfil de este tipo de árbitros.
Desde el anuncio de la salida de Venezuela del Ciadi a inicios de año, se han presentado unos seis reclamos, incluyendo el de la minera ruso-canadiense Rusoro y la productora de envases de vidrio estadounidense Owens Illiois.
No obstante, los estatutos del organismo establecen un plazo de seis meses contados desde la declaración de abandono, para efectuar y recibir demandas.
Además, algunos expertos creen que las empresas siguen teniendo la posibilidad de reclamar ante el Ciadi, pese al abandono por parte de Venezuela, mientras estén amparados por contratos de protección de inversiones.
Se espera que este año se conozcan las resoluciones del Ciadi sobre Exxon y Conoco, cinco años después de que las petroleras demandaran al país por unos 40.000 millones de dólares por la toma de sus gigantescos proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés), otra corte donde se procesan varias causas por las estatizaciones, ordenó a principios de año a Petróleos de Venezuela (PDVSA) pagar 907,58 millones de dólares a Exxon Mobil, pero el laudo del Ciadi podría ser mucho más oneroso. (Por Enrique Andrés Pretel; Editado por Javier López de Lérida)
