EFE).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó hoy que logró el respaldo de sus similares iberoamericanas para exhortar al Gobierno de Estados Unidos a que dé curso a la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la muerte de 60 personas en una revuelta social en 2003.
El respaldo fue expresado durante la XVII Asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman efectuada en Costa Rica el pasado viernes 26, a la que asistió el Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, señala un comunicado de su oficina.
Según esa nota, la asamblea “aprobó en sesión ordinaria el pedido para que se exhorte al Gobierno de Estados Unidos a coadyuvar al Estado boliviano en todas las acciones encaminadas a hacer efectiva la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus excolaboradores residentes en ese país, a efectos de su legal juzgamiento”.
Al evento asistieron Defensores de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
El Gobierno de Evo Morales recibió a principios de septiembre una nota de Estados Unidos denegando la extradición de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), solicitada a fines de 2008, y de Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, que fueron sus ministros de Defensa y de Hidrocarburos, respectivamente.
Bolivia reclama la extradición del exmandatario para que sea juzgado en este país por el delito de genocidio, del que está acusado formalmente por presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas durante la represión a una ola de protestas sociales en octubre de 2003.
Aquella protesta fue una reacción a la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a Estados Unidos a través de un puerto de Chile, país al que Bolivia le reclama una salida al Pacífico, una iniciativa que sindicatos y partidos opositores de entonces rechazaron frontalmente.
Por este caso, cinco exjefes militares bolivianos fueron sentenciados en 2011 a penas de diez a quince años de cárcel por el delito de “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.
Sin embargo, quedó pendiente el juicio a Sánchez de Lozada y otros ocho exministros que huyeron del país y obtuvieron asilo o se encuentran refugiados en Estados Unidos, Perú y España.
El Gobierno boliviano ha anunciado que pedirá la revisión del tratado de extradiciónalegando que tiene “vacíos” que no ayudaron en el proceso para la extradición de Sánchez de Lozada.
El encargado de Negocios de la embajada estadounidense en La Paz, Larry Memmott, replicó hace unos días que su país está dispuesto a revisar el tratado.