La jefa de la Superintendencia de Costos y Precios Justos Karlin Granadillo indicó, a través de un contacto telefónico por Noticias24 Radio, que el supuesto “estado de emergencia” del sector farmacéutico “es una matriz de opinión creada para generar opiniones negativas contra la Ley”.
Granadillo explicó que el proceso que se realizó para la regulación de los medicamentos se llevó a cabo desde el 15 de agosto, lo cual dio a las empresas 3 meses para que dieran la información solicitada, además de ofrecer 15 talleres en todo el país para aclarar dudas. “Durante los 3 meses vimos un comportamiento criticable, las empresas esperaban hasta el último día para registrarse y dar la información, si se espera hasta el último momento se vuelve un proceso complicado porque no es algo que se pueda hacer en un solo día”, agregó.
Por otra parte, aseguró que se dieron dos prórrogas a solitud de los involucrados por considerar la posibilidad de que se trataba de un proceso nuevo con características diferentes. “Las empresas están acostumbradas a llevar una contabilidad para los impuestos, y no de costos para declarar la información, dada la novedad decidimos dar más tiempo”.
Luego de este proceso, la Superintendente informó que se iniciará un programa de revisión de cada paso para determinar cuáles empresas ameritan realmente una sanción por no haber cumplido los pasos requeridos. “Cerramos el registro y ahora veremos cuántas empresas estuvieron presentes, en función de eso iniciaremos un programa de revisión de cada caso para determinar cuáles empresas ameritan realmente una sanción por no haber cumplido con los requisitos”, asevero.
En cuanto a las sanciones, Granadillo ratificó que la Ley de Costos y Precios Justos en su artículo 44 da potestad y establece la posibilidad de aplicar sanciones por no inscribirse a tiempo, dar información incompleta, o mentir, para lo cual podremos establecer multas de hasta 15 salarios mínimos y dependiendo del nivel de incumplimiento podrían establecerse sanciones mayores.
Para finalizar, hizo énfasis en que este proceso se ha realizado con el propósito de garantizar una distribución y precios “que se ajusten realmente a las necesidades de la población venezolana” y una política que logre una igualdad entre las grandes y pequeñas empresas
