El vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmaceútica, Ángel Márquez, explicó que el sector espera una reducción en el lapso de liquidación de divisas por parte de Cadivi, una vez que entre en vigencia la devaluación del Bolívar anunciada por el gobierno. "En este momento tenemos contabilizado un tiempo de 174 días a enero de 2013", mencionó.
Relató que durante 2012 Cadivi demoró en liquidar las divisas solicitadas un promedio de 152 días, lo cual generó demoras importantes. Márquez indicó que el sector farmaceútico está a la espera del pago de 375 millones dólares acumulados antes de enero de 2013.
Puntualizó que dentro de la cámara estimaban que Cadivi liquidara las divisas durante un período no mayor a 49 días, para realizar el pago a los proveedores internacionales. "Del tiempo de liquidación, depende el pago del proveedor pero esta situación ha generado problemas. Existen maneras para lidiar con el proveedor que quiere su pago, hay quienes exigen su pago; hay quienes amenazan con tomar medidas y quienes amenazan con quitar licencias a marcas que cuentan con laboratorios internacionales", relató.
El representante de la Cámara de la Industria Farmaceútica manifestó que en algunos casos, se mantiene la deuda y no tienen acceso a los implementos necesarios para la elaboración de medicinas. "Prácticamente todo el que tenga una condición comercial con el exterior puede estar en esta situación", acotó y resaltó que el gobierno nacional ha estado atento a la problemática.
Aseguró que se han celebrado mesas técnicas para lograr soluciones, dándole prioridad a los casos más críticos para la liquidación de divisas. "El gobierno nacional ha tratado de manejar los certificados de no producción nacional que ha generado los retrasos", afirmó.
Márquez explicó que trabajan para reducir la escasez de medicamentos y señaló que las declaraciones de la superintendente de Costros y Presos, Karlín Granadillos, sobre mesas técnicas para revisar la cadena de costos de las medicinas les genera "inquietud", pues no forman parte de esas reuniones.
Sin embargo, aseguró que "el Estado está en su derecho de controlar los precios de los productos que ellos determinen pero con una política de revisión" para evitar problemas en el abastecimiento.
