El Gobierno japonés debe prestar especial atención a la salud de los niños afectados por el accidente nuclear de Fukushima y eliminar las barreras que impiden segundos reconocimientos médicos, afirmó hoy el relator especial de la ONU para el derecho a la salud física y mental, Anand Grover.
"Los niños son los más vulnerables al cáncer de tiroides como consecuencia de la exposición al yodo radiactivo. Los chequeos médicos comenzaron en octubre de 2011 y concluirán en marzo de 2014. Después de esa fecha, los menores serán controlados cada dos años hasta los 20 años", según el informe que Grover presentó hoy en Ginebra ante la 23 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El relator especial criticó que dos años es un periodo muy amplio para controlar la tasa de crecimiento de un tumor, principal indicador de la malignidad del mismo.
"Es importante tener en cuenta las preocupaciones de los padres y los niños ante las dificultades con que se enfrentan para obtener segundas opiniones en los controles de tiroides", indicó.
Puntualizó que, tras el accidente nuclear en marzo de 2011, el Gobierno no emitió de forma rápida la orden de distribuir tabletas de yodo para prevenir la absorción del yodo radiactivo, principal causa del cáncer de tiroides y a cuya exposición los niños son especialmente vulnerables.
Por otro lado, Grover denunció que el Ejecutivo japonés sólo haya tenido en cuenta el incremento de la prevalencia del cáncer de tiroides tras el accidente nuclear.
"Desde mi punto de vista, esto descuida otros efectos en la salud de la exposición radiactiva, como aberraciones cromosómicas, el incremento de la morbilidad en niños y adultos, discapacidades y leucemia, que deberían ser observados", agregó.
Grover instó al Gobierno a asumir un rol esencial en la realización de los reconocimientos médicos aportando más recursos financieros y medios humanos.
Además, el relator especial reveló que el día del accidente sólo el 20 % de los residentes en áreas cercanas a la planta nuclear supo lo ocurrido y la mayoría de las personas que vivían en un radio de 10 kilómetros fueron informadas al mismo tiempo que eran evacuadas.
Grover comentó que las órdenes de evacuación fueron alteradas de forma periódica desde un radio de tres kilómetros a diez y posteriormente a veinte.
"Las órdenes de evacuación en algunas áreas con altas dosis de radiación no fueron dadas hasta un mes después del accidente. Estas personas estuvieron expuestas un tiempo significativo", señaló el relator especial.
Por otra parte, Grover aseguró que la respuesta de emergencia de Japón no se adaptó a los requerimientos.
"La escasa coordinación entre las autoridades fue evidente. Debido al insuficiente entrenamiento en el sistema de respuesta, 573 muertes fueron certificadas por el Gobierno como muertes relacionadas con el desastre nuclear", añade el documento.
Grover precisó que su informe también pone en evidencia la falta de transparencia y responsabilidad en la industria de la energía atómica en Japón y dio la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno de Tokio para rectificar la situación mediante la creación de una Autoridad de Regulación Nuclear.
"Urjo a esta institución a operar con plena transparencia y a hacer pública toda la información relacionada con la regulación nacional" y el cumplimiento de los estándares de seguridad nacionales e internacionales, añadió.
En su réplica, el representante de la delegación de Japón destacó los esfuerzos de su Gobierno para promover la recuperación y la reconstrucción rápida de las zonas afectadas por el accidente de Fukushima y no hizo referencia a las críticas vertidas en el informe.
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