AFP-Decenas de miles de personas manifestaron el miércoles en las calles de Dacca, en un lúgubre 1º de Mayo, exigiendo la horca para los dueños de los talleres de confección que se incendiaron causando la muerte de más de 400 trabajadores y la desaparición de otros 149.
Por su lado el papa Francisco condenó el "trabajo esclavo" al referirse el miércoles en el Vaticano a la tragedia en Bangladesh.
"El título que me chocó de verdad el día de la tragedia de Bangladesh fue 'Vivir con 38 euros al mes'. Era lo que cobraba toda esa gente que murió. Es lo que se llama trabajo esclavo", declaró el papa en la homilía citada por la radio.
A pesar de los llamados a la calma de la primera ministra, Sheikh Hasina, el gobierno teme actos de violencia en las fábricas textiles del país, donde los obreros trabajan en condiciones miserables para las empresas occidentales.
Se trata del peor accidente industrial de la historia de Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo.
El último balance comunicado el miércoles por el ejército daba cuenta de 402 muertos hallados bajos los escombros de Rana Plaza, un edificio de ocho pisos que se derrumbó en Savar, cerca de la capital.
El general Chowdhury Hasan Suhrawardy anunció por otra parte que 149 personas permanecían desaparecidas, según una lista establecida por responsables locales.
En Dacca los manifestantes exigieron justicia una semana después del incendio de un edificio de talleres de confección en el que murieron 400 obreros que trabajaban en condiciones deplorables.
Los manifestantes desfilaban detrás de banderas rojas y carteles que pedían la horca para los dueños de los talleres de la catástrofe.
"¡Horca para los asesinos! ¡Horca para los dueños de los talleres!", decían los carteles.
"Queremos el castigo más severo para los responsables de esta tragedia", dijo a la AFP Kamrul Anam, uno de los dirigentes de la Liga Bangladesí de la industria Textil y de Confección.
Al inicio de la manifestación, la policía de Dacca contabilizó 10.000 manifestantes.
El gobierno de Bangladesh recibía el miércoles críticas de todas partes.
Las empresas europeas y norteamericanas de confección exigieron al gobierno que mejore las condiciones de seguridad de los trabajadores.
Los familiares de las víctimas sospechan que el gobierno rechazó la ayuda propuesta por países extranjeros para participar en las operaciones de socorro.
El gobierno anunció un plan de inspección de fábricas, pero rechazó las acusaciones de negligencia en las operaciones de socorro y búsqueda de los cuerpos enterrados bajo los escombros del edificio.
Siete personas, entre ellas el propietario del edificio Rana Plaza, fueron detenidas y acusadas de homicidio involuntario.
Entre los acusados figuran también los ingenieros civiles que ordenaron a los obreros que volvieran a sus puestos de trabajo a pesar de las fisuras detectadas en los edificios.
En el edificio había cinco talleres de confección que trabajaban en particular para las marcas española Mango y británica Primark.
Primark se comprometió a indemnizar a las víctimas de la catástrofe, en particular a los niños que quedaron huérfanos.
El grupo canadiense de distribución alimentaria Loblaw anunció también que iba a aportar una ayuda "significativa" a las familias de las víctimas empleadas por su abastecedor y "favorecer la implementación de cambios para evitar que se reproduzcan tales incidentes".
La mayoría de las 4.500 fábricas textiles permanecen cerradas desde hace una semana.
La industria textil representa un ingreso anual de 20.000 millones de dólares para Bangladesh.
El martes, en el parlamento, la primer ministra exhortó a los obreros a retomar el trabajo y criticó los ataques sufridos por varias fábricas.
"Quiero decirle a los obreros que conserven la cabeza fría y mantengan en funcionamiento las fábricas, de lo contrario van a perder su trabajo", dijo la primera ministra.
La Unión Europea, principal socio comercial de Bangladesh, pidió el martes que el gobierno haga respetar "inmediatamente" las normas internacionales de seguridad en las fábricas textiles del país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), decidió enviar a Dacca a Gilbert Houngo, director general adjunto, para discutir con el gobierno sobre las mejoras de las condiciones de seguridad.
