El Ministerio Público logró privativa de libertad para 7 personas presuntamente vinculadas con el desfalco de más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano para ser destinados a los planes de producción de alimentos para los años 2011 y 2012.
La información fue suministrada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz a través de su cuenta Twitter. Señaló que a una de las imputadas le fue impuesta la medida de arresto domiciliario por encontrarse embarazada.
En la audiencia de presentación, las fiscales nacionales 23° contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros, y 84° penal y aduanera, Marvila Araujo y Dizlery Cordero, respectivamente, imputaron a los trabajadores de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin): César Augusto Romero (director general), Dubravka Dojg (directora general adjunta), su hija Lea Dojg (arquitecto) y Roberto Pfeffer (administrador), por presuntamente incurrir como coautores en los delitos de estafa agravada, obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Asimismo, fueron imputados los siguientes cuatro integrantes del Fondo Chino Venezolano: Pablo José González Hernández (gerente ejecutivo encargado), César Rafael Cortizo Ospino (coordinador legal), Javier Fernández González (analista operacional) y María Gabriela Dona García (analista en la Coordinación Legal), por presuntamente ser cooperadores inmediatos en los delitos descritos anteriormente.
A Dona García el Tribunal le acordó la medida de arresto domiciliario con apostamiento policial por encontrarse embarazada.
Adicionalmente fueron imputados por ser presuntos coautores en los delitos de malversación de fondos públicos, forjamiento de documento público y asociación para delinquir.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio, el Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas, dictó medida privativa de libertad para las siete personas, quienes permanecerán recluidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Caracas.
La investigación se inició el 19 de diciembre de 2012, cuando el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, mayor Hugo Carvajal Barrios, solicitó al Ministerio Público indagar con relación a dos presuntos desembolsos irregulares de fondos económicos autorizados por el Fondo Chino Venezolano y pagado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a las empresas Kelora S.A ( 22 millones de dólares) y Bismarck Consorcio Traving Corp (62 millones de dólares)
Tras la investigación coordinada por el Ministerio Público, las mencionadas personas fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Dirección de Contrainteligencia Militar en distintos procedimientos realizados en el área metropolitana de Caracas, en cumplimiento de varias órdenes de aprehensión solicitadas por la representación fiscal y acordadas por el citado Tribunal.
